TJUE. Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estima que tal limitación "no constituye un requisito indispensable para lograr los objetivos perseguidos y porque existen medidas menos restrictivas para conseguirlos".

La regulación de Juego impulsada por Hungría ha vuelto a quedar en entredicho en su relación con el resto de países de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo falló el miércoles 28 de febrero la cuestión prejudicial planteada por las autoridades magiares respecto del litigio que enfrentaba al operador Sporting Odds con la Dirección Central de la Administración Nacional de Hacienda y Aduanas del país centroeuropeo.

La Corte precisa que el artículo 56 del Tratado Fundacional de la Unión Europea es incompatible con la normativa húngara que concede una autorización para organizar juegos online en exclusiva a los operadores de Juego que ya explotan en régimen de concesión casinos situados en su territorio nacional. Estima que tal norma no representa un requisito indispensable para el logro de los objetivos perseguidos por las autoridades y que en realidad existen medidas menos restrictivas para lograrlos.

El Tribunal recuerda que la normativa comunitaria se opone al criterio de las autoridades húngaras favorable a un régimen de concesiones y de autorizaciones para la organización de juegos de azar online, "pues contiene normas discriminatorias respecto de los operadores establecidos en otros Estados miembro".

El veredicto resalta que el marco comunitario "no se opone a un sistema dual de organización del mercado del Juego", donde unas modalidades queden sometidas al régimen de monopolio estatal y otras a un régimen de concesión y de autorización para organizar juegos de azar. Sin embargo, remarca que es preciso que el órgano jurisdiccional remitente determine que la normativa que restringe la libre prestación de servicios persigue efectivamente, "de forma coherente y sistemática", los objetivos invocados por el Estado miembro.

En cualquier caso, el Estado miembro que adopta una normativa restrictiva tiene que aportar las pruebas para demostrar la existencia de objetivos que puedan legitimar la restricción de una libertad fundamental garantizada por el Tratado de la UE, así como su proporcionalidad. Si no lo hiciera, el órgano nacional tiene que deducir todas las consecuencias que se deriven de tal omisión.

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