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El Córner de Matamoros. Blog de Manuel Matamoros

Manuel Matamoros
El sector del bingo estaba esperando la aprobación del «bingo dinámico» por la Comunidad de Madrid para abrir de par en par la puerta de las oportunidades de generalizar ese modelo racionalizador en el resto de las comunidades autónomas.

En el innecesariamente largo y tortuoso camino recorrido por el proyecto del «dinámico» hasta verse publicado como norma jurídica en el boletín oficial, Euskadi adelantó por la derecha a los empresarios y reguladores madrileños aprobando el «bingo mixto», partícipe de muchas características del primero. Este producto transformó radicalmente las tendencias del mercado del País Vasco. Desde su puesta en marcha, las ventas crecieron a tasas del 17,6% durante el primer ejercicio, y siguen creciendo, sobre las de 2015, a razón del 11,6% en el segundo.

Pero era imprescindible la racionalización tributaria y regulatoria de una de las «cuatro grandes» —esas cuatro comunidades que explican el 65% del mercado de bingo en España— no sólo para que tuviera un reflejo significativo en la evolución de la cifra de negocio estatal, sino para incrementar su potencial de propagación al resto de las normativas. Sin dejar de contribuir a extender a otros territorios el concepto innovador concebido por las asociaciones madrileñas —generalizado como «bingo electrónico de sala»—, CEJ concentró sus mejores esfuerzos en apoyar la aprobación del proyecto de Madrid, lo que suponía apostar por la innovación de la quinta parte del mercado nacional en una sola tirada de dados.

Con arreglo al primero de los propósitos de este blog —ponderar estrategias de negocio, y perfiles de organizaciones, empresas y reguladores en beneficio de la innovación— otro día hablaremos de las demás razones que abonaban esa apuesta. Hoy nos debemos concentrar en constatar el cambio de tendencia cultural que, concretando muchos años de trabajo, supone la aprobación reciente de la regulación madrileña, para señalar el mayor riesgo de frustrar las oportunidades que nacen de la misma, que se cierne sobre los proyectos de regulación que la emularán en el futuro.

Hace ahora dieciséis años, una expresión concebida con la vocación más modestamente utilitarista se convertiría en el lugar común para sintetizar lo esencial de una situación. En las presidenciales de 1992 Bill Clinton se enfrentaba a George Bush padre, cuyo índice de aceptación rondaba el 90%, gracias a sus éxitos en política exterior. James Carville, jefe de campaña de Clinton, pegó un cartel en sus oficinas centrales para advertir que el debate electoral debía enfocarse a las cuestiones que afectaban a la vida cotidiana de los ciudadanos. «La economía, estúpido» era la segunda de las tres advertencias que contenía aquel célebre aviso.

En la coyuntura en que el bingo apunta a la consecución de sus objetivos máximos en materia de racionalidad tributaria y regulatoria, quizá sería buena idea pegar en la puerta de las sedes de todas las asociaciones empresariales un letrero, como aquél de Carville, que nos recuerde: «Los premios, estúpido».

Los árboles de la equiparación del tipo del tributo con el bingo electrónico pueden ocultarnos el bosque de la naturaleza instrumental de la medida al servicio de la regeneración del premio. Durante casi dos décadas, el premio fue el gran perdedor —frente al margen bruto— de la incapacidad de las asociaciones empresariales de convencer a las administraciones públicas de la necesidad de racionalizar la presión fiscal sobre el bingo. Frente a la emergencia de recuperar el equilibrio de explotación perdido, en lugar de adecuar la presión fiscal al verdadero rendimiento económico del negocio se operó una transferencia sucesiva de premios a margen bruto, introduciendo el producto en un círculo vicioso de deterioro. En la situación presente, la codicia del cash-flow a corto plazo podría poner en peligro la viabilidad de las reformas para asegurar la sostenibilidad a medio y largo plazo del negocio del bingo.

No es, por lo tanto, que las reformas regulatorias y tributarias deban ir unidas, es que deben proyectarse integradas. Ser concebidas como un instrumento único al servicio de las necesidades de los clientes, de los jugadores actuales y del target potencial. O se adoptan esas necesidades como principio determinante de la reforma, o se malgastará la oportunidad final de recuperación del sector. Y nadie puede dudar de que los premios, caracterizados por un alto porcentaje de retorno y una flexibilidad de gestión capaz de inducir dinámica en el juego —de ahí el nombre del invento—, son el principal elemento catalizador de la satisfacción de esas necesidades.

Incluso así, en el proceso de trasladar a una disposición normativa el diseño de una modalidad de juego definida a partir de esa visión, se introducirán impurezas derivadas de las necesidades de los restantes shareholders. Las más ineludibles, las de los propios poderes reguladores, que vendrán determinadas por el perfil profesional y las convicciones de directores y altos funcionarios tanto como por la coyuntura política de cada gobierno regional. También las de representaciones sociales, proveedores tecnológicos y sectores concurrentes. Por eso es más necesario todavía evitar que la polución «inevitable» de los reglamentos se agrave contaminándolos con visiones cortoplacistas de los intereses del empresariado, predecibles y evitables.

Al contrario, partiendo del análisis riguroso de la norma madrileña en vigor, lo que la inteligencia aconseja para asegurar el mayor éxito de las regulaciones que seguirán a ésta es concentrarse en la depuración de las gangas que habrá introducido en el reglamento madrileño su tortuoso proceso de elaboración y aprobación, hasta dejar reluciente su núcleo racionalizador.

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