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16 JP españa En realidad, seis cuestiones prejudiciales de dos procedimientos paralelos 1) ¿Los artículos 26, 49 y 56 del Tratado Fundacional de la UE tienen que interpretarse en el sentido que se oponen a una normativa nacional como la prevista en el artículo 9 del decreto 97/2021 en cuanto supone la imposibilidad de renovación de las autorizaciones de explotación de las Máquinas B anteriores a la vigencia de la ley 17/2021, después de su entrada en vigor y la Disposición Transitoria Décima de la ley 1/2020, de 11 de julio, al establecer una moratoria de 5 años desde la entrada en vigor de la ley 1/2020 para la concesión de nuevas licencias o autorizaciones para establecimientos de juego y para la concesión de autorizaciones de explotación de Máquinas B, al ser incompatibles tales restricciones con los principios de libertad de empresa y establecimiento, así como del libre ejercicio de actividades y acceso a los mercados? 2) Independientemente de la respuesta anterior, ¿los artículos 26, 49 y 56 del Tratado Fundacional de la UE tienen que interpretarse en el sentido que se oponen a una normativa nacional como la prevista en el artículo 9 del decreto 97/20921 y la Disposición Transitoria Décima de la ley 17/2020 por cuanto sólo perjudican al sector privado (empresas de hostelería y similares donde se instalan e indirectamente a los fabricantes de estas máquinas B), a quienes se impone restricciones a su explotación sin alcanzar a los establecimientos públicos de juego y apuestas que se libran de ellas por razón del tipo de apuestas y juegos que patrocinan? El Auto que responde al recurso formulado por AnesarCV determina 4 cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE: 1) Los artículos 26, 49 y 56 del Tratado Fundacional de la UE, ¿deben interpretarse en el sentido que resultan compatibles con una normativa nacional que, como sucede con el artículo 5 del decreto 97/2021, de 16 de julio, que desarrolla los artículos 45.5 y 45.6 de la ley 1/2020, establece un régimen de distancias mínimas de 500 metros entre salones de juego y centros educativos cuando esta normativa ya dispone asismismo de otras medidas menos restrictivas, pero que pueden considerarse igualmente efectivas para la protección de los consumidores, el interés general y particularmente los menores de edad? Y, a continuación, desarrolla esas medidas menos restrictivas: a) la prohibición de acceso y participación a menores de edad, personas legalmente incapacitadas por sentencia judicial firme, directivos de entidades deportivas y árbitros de actividades sobre las que se hacen apuestas, directivos y accionistas de las empresas de apuestas, las personas portadoras de armas, embriagadas o influenciadas por el consumo de sustancias psicotrópicas que perturben el desarrollo de los juegos, las personas que figuren inscritas en el Registro de Personas Excluidas de Acceso al Juego. b) como el veto de la publicidad, promoción o patrocinio y cualquier tipo de promoción comercial, incluidas las telemáticas, a través de las redes de comunicación social, así como la promoción del juego en el exterior de los locales, la publicidad estática en vía pública y medios de transporte, cartelería o imágenes en cualquier soporte? 2) Con independencia de la respuesta a la anterior cuestión, ¿los artículos 26, 49 y 56 del Tratado Fundacional de la UE tienen que interpretarse en el sentido que se oponen a una normativa nacional como la prevista en la Disposición Transitoria Segunda de la ley 1/2020, de 11 de julio, al establecerse con carácter retroactivo la distancia de 850 metros que debe existir entre los salones de juego y los centros educativos para los salones ya instalados sin cumplir tal separación cuando soliciten la renovación de su licencia o autorización una vez rija la ley 1/2020, al ser incompatible tal exigencia con los principios ya señalados de libertad de empresa y establecimiento, así como del libre ejercicio de actividades? 3) Independientemente de las resTranscribimos las Cuestiones Prejudiciales formuladas por los respectivos Autos del TSJCV dirigidos al Tribunal de la UE El recurso planteado por ASESFAM, Andemar CV, Apromar y Federación Empresarial de Hostelería de Valencia contra el artículo 9 del decreto 97/2021, de 16 de julio, que desarrolla los artículos 45.5 y 45.6 de la Disposición Transitoria Segunda y de la Disposición Transitoria Décima de la ley 1/2020, de 11 de junio, del Juego de la Generalitat Valenciana, motiva que el TSJCV formule las siguientes dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE en interpretación de los artículos 26, 49 y 56 del Tratado Fundacional de la UE.

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