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Intervención marcadamente pedagógica del asesor jurídico de AGEO, Santiago Moreno, quien se refirió a los escenarios que se plantean en una iniciativa jurídica "cuyo plazo para el recurso respecto del primer 'estado de alarma' finaliza el 21 de junio".

Moreno estima que "existen motivos suficientes para el planteamiento de estas reclamaciones por las empresas. Y en ese mismo sentido estima la existencia de "esperanzas de éxito" en los eventuales recursos que puedan ser planteados por las empresas afectadas.

El asesor jurídico de AGEO precisa que "los daños tienen relación de causalidad porque es real y efectivo, evaluable económicamente a partir de informe pericial adecuado y las empresas afectadas no han tenido ningún deber de soportar por lo que es antijurídico. Son las tres razones que sustentarían esta vía".

Reconoce que las Administraciones Públicas opondrán el argumento de 'fuerza mayor', pero Santiago Moreno estima argumentos para contrarrestar. Y pone como ejemplo el reciente fallo del Juzgado de lo Social de Teruel en el cual la jueza interpreta que "las Administraciones eran conocedoras de lo que estaba pasando y poco se preveyó los que iba a suceder".

Recuerda igualmente que en el primer 'estado de alarma' una Orden del Ministerio de Sanidad posibilitó la apertura de la mayoría del comercio minorista, pero no ocurrió igual con los locales de juego. Moreno resalta que se pidió la petición de anulación de la misma, cuya confirmación abriría un escenario a evaluar. Igualmente Santiago Moreno defiende la idea que "en las primeras etapas el Gobierno central adoptó medidas amparándose en el 'estado de alarma' cuando en realidad éstas lo deberían ser bajo el criterio de 'estado de excepción'".

Santiago Moreno recordó "las pocas aclaraciones sobre las razones que impidieron la apertura de los locales de juego cuando tienen características que por normativa ya conlleva una serie de requisitos muy potentes de prevención y protección". En esa línea citó el voto particular de un magistrado en el Auto emitido por el TSJ catalán a este respecto.

 

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