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    Noticias de la industria del sector del juego y del recreativo

Luis Menor. Director General de Emergencias e Interior. Xunta de Galicia

La nueva normativa implementada por el Ministerio de Economía asigna ratios de riesgo, según la modalidad de Juego a la cual se refiera.

La trasposición de la Directiva comunitaria en el real decreto-ley 11/2018, de 11 de junio, habilita un nuevo escenario para las empresas del sector del Juego.

Necesariamente más intenso a partir de unas pautas definidas por la Unión Europea en sentido general, que el Estado español implementa con aportaciones específicas.

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Ayer la subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Economía y Empresas, Raquel Cabeza, y el socio del área Procesal y Arbitraje del bufete Herbert Smith Freehills, Javier De Carvajal, aproximaron inputs del nuevo marco legal emprendido en 2010 en materia de responsabilidad penal de las empresas.

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Javier De Carvajal Cebrián. Socio en el área de Procesal y Arbitraje del despacho de abogados Herbert Smith Freehills

Es un tema farragoso, pero que esencialmente transmite un cambio de cultura para el cumplimiento de la normativa por las empresas (personas jurídicas en general) al obligarles a la definición de un programa de compliance ad hoc que en ningún caso no sustituya los códigos de conducta inherentes en la dinámica de la empresa misma. ¿Cómo? Por ejemplo, creando figuras dentro de la organización empresarial que supervise determinados cumplimientos. "Si un empleado comete un delito y la empresa no ha emprendido programas independientes de acción, la condena a la empresa será inevitable", recordó De Carvajal que instó a las empresas del Juego a la adopción de programas de cumplimiento corporativo.

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Raquel Cabeza Pérez. Subinspectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. Ministerio de Economía
y Empresa

La imperativa adaptación a la normativa antiblanqueo de capitales fue el argumento expuesto por Raquel Cabeza, recordando que son disposiciones "que se circunscriben a sectores de riesgo cierto, como ocurre con el Juego" y precisando que la asignación de procedimientos internos de control ad hoc "no pueden ser necesariamente iguales en un casino, en un bingo o en un bufete de abogados".
Es interesante reparar en los criterios establecidos por la norma en cuanto a la medición de riesgos. "Apuestas y Juego Online se adscribirían a un 'riesgo significativo en el nomenclátor de la disposición; el Bingo lo haría bajo el criterio de 'riesgo bajo', mientras las Máquinas B lo serían bajo el de 'sobradamente significativo'".

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Cabeza recordó que el nuevo real decreto-ley "restringe también las obligaciones respecto del pago de premios en relación a Concursos, Máquinas B, Casinos y Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas" (...) "Reduce el umbral de hasta 2.500 euros al de 2.000 euros con el consiguiente imperativo de identificar a los clientes con los cuales se interactúa" (...) "Los diversos premios que se abonan en Bingos, por ejemplo, no se trocean, sino que el imperativo reglamentario se contabilizaría a partir de los 2.000 euros en la suma de todos los conceptos".

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