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Guillem Coll. ACOMAM

La asamblea de ACOMAM requiere la intervención de la Inspección de Calidad, Organización y Servicio del Govern de Baleares para que evalúe la situación del Servicio de Juego y que la Comisión de Juego cree un grupo de trabajo permanente con reuniones mensuales de seguimiento.

El posicionamiento de la entidad que agrupa fundamentalmente a los operadores de máquinas B en establecimientos de hostelería de Baleares en pos de una simplificación de la documentación y de la eliminación de burocracia para lograr eficacia y eficiencia en su gestión sigue siendo un problema capital. La asamblea celebrada el pasado miércoles apostó por el pragmatismo y acordó trascender al seno del Govern y en otras esferas, como la Secretaría del Consejo de Garantía de Unidad de Mercado (SECUM), fórmulas que articulen soluciones al sempiterno problema que afrontan las empresas. Además, se pretende evaluar jurídicamente si las actuaciones del Servicio de Juego "se ajustan al código de conducta que rige la actuación de los empleados públicos". ACOMAM recuerda las reuniones mantenidas con el conseller y la directora General, en las cuales se propondrían y hallarían soluciones para la tramitación, "pero nunca tienen acogida en el Servicio de Juego".

La coyuntura electoral no es precisamente el mejor contexto en el cual encauzar estas iniciativas. Fuentes de ACOMAM entienden "insostenible" la situación, pero quieren que sus críticas diferencien el rol de la jefa de Servicio del que prestan los miembros del Servicio, a quienes testimonian "reconocimiento y apoyo".

Lamentan la supresión de la 'declaración responsable' a cargo de la jefa de Servicio, iniciativa de la anterior responsable que resultaba una opción muy válida en la agilización de los trámites y que ACOMAM recurrió, pero 2 años y 3 meses después sigue pendiente de resolución. Recuerda la asociación que la jefa de Servicio promovió una regularización innecesaria, contra la opinión sectorial, de todas las autorizaciones de establecimientos de hostelería (casi 5.000 autorizaciones vigentes), lo que desembocó en un colapso y el daño irreparable a empresa operadora y sector hostelero, actualmente se acumularían todavía retrasos en ciertos expedientes por encima de 1 año, afectando a la relación de confianza del operador con sus clientes. También la jefa de Servicio promovió una Instrucción que limitaba el poder de representación del establecimiento de hostelería por el operador, justo cuando tenían que renovarse casi 5.000 autorizaciones de locales de hostelería; pese a la suspensión cautelar por el TSJ, "el daño fue irreparable pues ha generado el absurdo por el que en registro no se admite tramitar si quien lo presenta no es firmante del escrito, algo que en otras Consellerias sí se acepta".

Fue denunciada en la asamblea la exigencia de documentación no requerida en la norma como es el caso del cambio de nombre en 'establecimientos de turismo', o bien que se pida la declaración censal o fotocopia del DNI, que ya disponen, derivando en demoras. También se criticó la sobrevenida prohibición de acudir al Servicio de Juego son cita previa, "habilitándose un email para citas previas y en multitud de ocasiones no respondían". Igualmente resaltan que 'se requiere subsanación' "si la empresa no presenta el formulario concreto que aparece en la web cuando la norma estipula que sólo es exigible utilizar un formulario concreto si una norma lo prevé expresamente (de momento, únicamente los decretos de Apuestas y Casinos)".

Asamblea 13 de marzo

En clave mucho más política recuerda la asamblea de ACOMAM que la Comisión de Juego fue creada para "conocer y proponer medidas", actuando como secretaria la jefa de Servicio de Juego; la asociación denuncia que las tres modificaciones con rango de ley en otros tres años no fueron abordadas en la Comisión de Juego. Además, resaltan que "en ningún proyecto normativo ha podido conocerse su impacto socioeconómico porque no ha sido elaborado".

Por último, entre otras valoraciones, la asamblea censuró que no haya sido elaborado un Plan de Inspección, pese a que dos normas en vigor así lo requieren; una circunstancia que promueve usos arbitrarios del servicio inspector. En esa línea expresan asombro por las previsiones sancionadores, que en 2019 prevén 1'2 millones de euros frente a los 600.000 del ejercicio precedente.

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