UNIDESA

La prohibición de participar no les impidió presuntamente cobrar cuatro boletos valorados en 24 millones de euros en un período que abarca de 2015 a 2019.

Los empleados acusados lo son de la propia empresa que gestiona las loterías públicas en Italia, aunque también figurarían antiguos trabajadores. Habrían pirateado los sistemas informáticos de la compañía para hallar los puntos de venta de aquellos 'rascas' que acreditaban el jackpot.

La operación, que ha sido desarrollada por la Guardia de Finanza, reconoce que las compras de los boletos premiados se realizaron desde poblaciones muy alejadas geográficamente de su lugar de residencia y el cobro de los premios se valió de intermediarios para sortear la imposibilidad material de que los empleados públicos se pusieran en evidencia, ya que éstos tienen vetada la participación en todo tipo de juegos.

R. Franco
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