Alberto Garzón no modifica un ápice su discurso y mantiene la existencia de "un problema social" basándose en supuestos datos que sigue sin aportar, reitera sus cargas contra la oferta presencial amparándose en los mismos mantras tradicionales de IU y Unidas Podemos, y tergiversa el debate competencial que se libra en Andalucía.

El ruido es siempre un instrumento que ayuda a preservar la agitación y Alberto Garzón viene comprobando que mediáticamente reporta réditos. Así al menos hay que entender la reiteración de los mantras que han caracterizado las declaraciones de los dirigentes de Izquierda Unida al menos en los últimos tres años, que siguen siendo argumentario y que en la coyuntura actual se atreven a aderezar con la introducción de referencias a la pandemia, y que contrastan con los razonamientos que emitió el titular de la DGOJ, Mikel Arana (también de Izquierda Unida). Y todo ello con un interesado discurso que no marca diferenciación entre online y presencial, lo que configura una magnífica mezcolanza que agranda el impacto de la declaración: "ciudades que tienen más casas de apuestas que parques verdes"; "el mensaje que se traslada a la gente es que el ocio de los jóvenes tiene que hacerse en estos lugares"; "no cambia nuestra hoja de ruta y es que lo único que sucede es que se incrementa o disminuye la magnitud de algo que está siendo problemático y que tiene que ver con el modelo de ocio de las ciudades"; "la preocupación social existe porque se han convertido en los últimos años en lugares de ocio preferente para la gente joven"; "mucha gente sigue jugando con la esperanza de que eso le resuelva los problemas de vida y por lo tanto se incrementan mucho las probabilidades de que llegue a problemas de salud importantes" (¿se está refiriendo a la oferta de juegos de ilusión de titularidad pública que te aventuran un cambio de vida?)...

El característico recurso político de mezclar churras con merinas es recurrente cuando manipula la defensa competencial que se vive en Andalucía entre Junta y ciertos Ayuntamientos señalando que "los ayuntamientos de Cádiz y Málaga han intentado poner limitaciones a las casas de apuestas, y la Junta de Andalucía se lo está intentando impedir. Están ahora en una pugna importante", dice.

El ministro asegura que "ha quedado constatado que la pandemia ha tenido un impacto negativo desde el punto de vista de salud pública en materia de consumo de juegos de azar, pero aún es pronto para poder hacer balance del año entero porque los datos siempre van llegando con posterioridad". Y lo dice a punto de concluir el mes de marzo del año siguiente al ejercicio de 2020 cuando sólo quedan por conocer las referencias del cuarto trimestre de 2020 y sin que hasta el 30 de septiembre de ese mismo ejercicio hayan quedado acreditadas referencias extraordinariamente acusadas sobre lo que dice. Los reguladores de Francia, Reino Unido, Dinamarca o Suecia ya han reflejado las conclusiones del comportamientos en sus jurisdicciones hace semanas y no convergen precisamente en el criterio que a lo largo de todo 2020 reitera Garzón machaconamente en cuantas intervenciones tiene oportunidad de realizar.

La principal novedad que aporta la entrevista de Europa Press se concentra fundamentalmente en la posibilidad de elevar la presión fiscal sobre el Juego Online y también de la tasa de gestión administrativa de juego. La información al respecto es que "estudia con Hacienda las fórmulas, pero no hay ninguna propuesta encima de la mesa". Y que Consumo mantiene conversaciones con las Comunidades Autónomas... ¿Es por los horarios de apertura de los locales de juego?