Los abogados de Wynn ya han rechazado las acusaciones asegurando que "nunca actuó como agente de China" y que su defendido no tenía obligación alguna de registrarse en el Registro FARA.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emprendido una demanda judicial contra el empresario Steve Wynn por no registrarse como agente extranjero en la relación oficial de lobbistas y llevar a cabo actuaciones ante el Gobierno de la República Popular de China durante la etapa del presidente Trump.

Según informa Associated Press, el Departamento de Justicia había aconsejado a Wynn en reiteradas ocasiones en los últimos 4 años que se registrara en el listado de Agentes Extranjeros (FARA en el acrónimo anglosajón de Foreign Agents Registration Act) y supuestamente la demanda ha sido finalmente incoada porque Wynn rechazó hacerlo entonces.

Desde el Departamento de Justicia recuerdan que su función es perseguir criminalmente a personas que no se registran en el FARA. No obstante, en el caso de Wynn admiten que se trata de la primera demanda judicial de esta característica en más de tres décadas.

Allí donde un Gobierno extranjero utiliza a un ciudadano de Estados Unidos como agente para influenciar en decisiones políticas en el país, inscribirse en FARA es imperativo porque le acredita a desempeñar estas tareas, señalan fuentes de la Fiscalía General de la División de Seguridad Nacional recogidas por Associated Press.

Una de las acusaciones vertidas sobre Wynn es que medió para que se le otorgara un visado de entrada al viceministro de Seguridad Pública de China, Sun Lijun, que finalmente no se produjo. El esfuerzo como lobbista también habría incluido conversaciones con el presidente Trump y múltiples visitas a la Casa Blanca para supuestamente abordar aspectos relacionados con China y con el ánimo de velar por sus intereses en aquel país, particularmente en Macao donde acredita una licencia de casino.

FARA deriva de una legislación impulsada en Estados Unidos en 1938 que pretendió desenmascarar las acciones de propaganda de los nazis alemanes. A partir de entonces el Departamento de Justicia exige que toda defensa, labor de lobby o actuación de relaciones públicas en Estados Unidos por un Gobierno extranjero o entidad política tiene que ser comunicada y explicada.