El consistorio hispalense tiene en marcha un proceso de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que es singularmente argumentado para impedir la concreción de dos nuevos espacios en los distritos de Bellavista-La Palmera y de Sur.

El ayuntamiento reconoce que ambos recibieron el permiso para realizar las obras de adecuación del local antes que el consistorio aprobara la moratoria, pero en un comunicado oficial advierten que "no tenían completa toda la documentación por lo que no podrán desarrollar su actividad".

De hecho, uno de los afectados, con petición de licencia en diciembre de 2018, ha llegado a abrir sus puertas, pero ahora le reclama tramitar una nueva calificación ambiental. El viernes 18 el ayuntamiento dejó sin efecto la 'declaración responsable' y la Policía Local notificó la orden de clausura.

En el otro establecimiento el ayuntamiento admite que todos los trámites de licencia de obras han sido cumplimentados correctamente con antelación a la moratoria, pero señala que no lo fueron "los trámites para el inicio de la actividad por lo que se ve afectado también por la moratoria aprobada en el Plano consistorial", según señala literalmente.

En una decisión extraordinariamente singular y que plantea todo todo tipo de contradicciones, el Ayuntamiento afirma que las dos iniciativas empresariales "no pueden desarrollar la actividad mientras se mantenga la suspensión cautelar de nuevas autorizaciones municipales y cuando ésta decaiga, en torno al mes de marzo deberán ajustar a la nueva normativa autonómica que regulará las condiciones de implantación de estas actividades, o bien en caso de que ésta aún no se haya aprobado, al proyecto de modificación puntual del PGOU que elabora el ayuntamiento".

Sin duda una explicación que contiene afirmaciones muy poco consistentes en un marco de seguridad jurídica que es el que debiera presuponerse en todo procedimiento administrativo.