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La incertidumbre y la preocupación generalizadas que acompañan al empresariado de Bingo, Salones y Tiendas de Apuestas en La Rioja en los últimos meses no desaparecen ante la tramitación de la reforma legislativa.

La semana pasada se confirmó el cierre definitivo del Casino de Logroño gestionado por la sociedad Electra Rioja, que ya no reabrió en el mes de junio. Semanas atrás en JPnoticias narramos el desdén que los departamentos de Sanidad y Hacienda del Ejecutivo riojano mostraron al vehicular limitaciones de aforo en establecimientos de juego equivocando el redactado de la Orden del Ministerio de Sanidad que servía de referencia, lo que de facto obligó al cierre de las salas de bingo; la alarma sindical motivó que 72 horas más tarde el Gobierno Andreu corrigiera el error en una inusual reunión extraordinaria de su Consejo en jornada de lunes. No obstante, la empresa afectada tuvo que escuchar esa frase cargada de prepotencia, sinsentido y falta de empatía en las dificilísimas circunstancias actuales que es: "Si entienden que no puede ser rentable, cierren!".

La continuidad de las autorizaciones vigentes genera enormes dudas en el empresariado de Bingo (4 salas), de Tiendas de Apuestas (8) y de Salón (34). De ahí que el redactado de la Disposición Transitoria Segunda incorporada en el borrador del proyecto de ley regulador del Juego y Apuestas de La Rioja, cuya exposición a información pública concluye mañana 13 de noviembre, haya sido objetivo de una especial atracción por quienes tienen depositadas inversiones en esta comunidad.

La citada Disposición Transitoria distingue dos consideraciones. En primer lugar, se refiere a las autorizaciones temporales otorgadas antes de regir la ley, "que seguirán siendo válidas durante el plazo de vigencia que se hubiere indicado y su posterior renovación deberá realizarse conforme a lo dispuesto en la ley". Y una segunda referencia dirigida a aquellos establecimientos de juego cuya autorización hubiera sido concedida antes del 1 de enero de 2020 y que en la fecha de renovación no cumplan algún requisito de los previstos en la ley, "podrán ampliar la autorización por un plazo máximo de 5 años, siempre que se acrediten los perjuicios que se pueden ocasionar como consecuencia de inversiones realizadas surante el último período de autorización".

¿Alivio o preocupación latente? Habrá que ver las conclusiones que depara el procedimiento de información pública y la consideración que merezcan estas inversiones entre los dirigentes del Ejecutivo riojano.

R. Franco
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