Los 9.000 empleados/as de la Agrupación de Trabajadores del Juego de la Comunidad de Madrid descalifican "que pueda comprarse tabaco, alcohol, cupón o 'rasca' de la ONCE cerca de un colegio y en cambio se pretenda cerrar una actividad absolutamente vigilada vía controles de acceso y registros de DNI".

Iñaki Angulo, portavoz de ATJUCAM, encabeza la reacción ante "el ataque que supone la nueva ley del Juego que tramita el Ejecutivo regional". ATJUCAM considera que el proyecto de ley en el cual trabaja el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, supone "la destrucción total de nuestros puestos de trabajo porque aquellos locales cercanos a centros educativos tendrán que cerrar. No entendemos que pueda comprarse tabaco, alcohol, cupón o 'rasca' de la ONCE cerca de un colegio y en cambio se pretenda cerrar una actividad absolutamente vigilada mediante control de acceso y registro de DNI".

Iñaki Angulo, portavoz de ATJUCAM, señala que "si la ley se aprueba con el texto del proyecto, la gran mayoría de establecimientos desaparecerán y con ellos los puestos de trabajo. No es razonable obligar a cerrar una empresa con licencia y que cumple todos los requisitos en razón de criterios arbitrarios sin evidencias o informes respaldados con datos objetivos. ¡Esto no es Venezuela!", reclama Angulo.

ATJUCAM pide a la presidenta Díaz Ayuso un esfuerzo de concertación social que permita el mantenimiento de los puestos de trabajo. "Apoyamos medidas que fijen más control y una protección más efectiva del cliente, además de una Planificación que siempre ha sido solicitada desde el sector. Pero no es admisible cerrar centenares de empresas por las presiones interesadas de partidos populistas que sólo quieren sustituir el juego de titularidad privada por el juego público", explica Angulo.

El proyecto de ley en marcha "no cumple con los criterios de Planificación y no se basa en evidencia objetiva, ni dictamen experto médico/sanitario", señala Angulo. "El Gobierno de Madrid, que se declara 'defensor de la libertad de mercado', pretende un trato discriminatorio al no exigir adopción de iguales medidas a locales y vendedores de loterías y otros juegos de gestión pública".