El anteproyecto de ley del Juego, a información pública desde el sábado 6 de febrero, solapa definitivamente toda referencia a la componente recreativa de la oferta garantizada en la ley todavía vigente y carga todo el 'peso de la culpa' de la 'alarma social' en el empresariado del Privado Presencial.

Un mes para presentar alegaciones al proyecto legislativo que modifica puntualmente varios artículos de la actual ley del Juego 2/2000, de 28 de junio, cuyo texto irradia un escenario de riesgo extraordinario a través de una redacción deslavazada, pero decididamente reglamentista, cargada de los sesgos y mantras que acompañan determinados discursos políticos y con lagunas terminológicas redaccionales que descubren sobrevenidas tipificaciones ni siquiera definidas como es el caso de la B1 o las A, que tan pronto es asimilada bajo el término 'recreativo' como 'de juego' sin solución de continuidad.

Un texto, en definitiva, que en la exposición de motivos se vale del "incremento de los juegos públicos y semipúblicos de la ONCE y SELAE, y de la proliferación de comunicaciones comerciales en el Juego Online", al cual no opone en ningún instante medida específica alguna sobre ellos (competen a la Administración central), pero sí lo utiliza para despojar de la componente recreativa que preside la oferta de las máquinas B instaladas en Hostelería imponiendo un discurso capaz de equipararlo con un producto 'de juego' asimilado a las máquinas de azar instalables en casinos.

La supresión de toda referencia recreativa en el texto sometido a información pública se escuda en "las prácticas inadecuadas de juego" y amparándose en parámetros de prevención, sensibilización y concienciación abriendo una brecha en la seguridad jurídica de las empresas.

En materia de marketing y promoción publicitaria prevé la supresión de toda comunicación comercial a cargo de la empresa operadora presencial a sus eventuales clientes (única opción que disponen actualmente porque todas las demás ya estaban prohibidas) justificándola en el hecho que "se trata de actitudes empresariales que facilitan comportamientos de riesgo"; una propuesta que contrasta con el mantenimiento de forma limitada de este mismo uso en el caso de la oferta Online gestionada por la Administración central y paradójicamente cuando la exposición de motivos inicial del anteproyecto de ley precisamente 'carga' contra "el aumento de la oferta de los juegos públicos y semipúblicos y la proliferación de comunicaciones comerciales en el juego online".

En el proyecto del artículo 15.4 se prejuzga subjetivamente y con absoluta naturalidad que "la cercanía de locales de juego es un reclamo que induce a menores y jóvenes (se trata de mayores de edad) a conductas de juego, o bien a considerar que esta actividad forma parte natural de la cotidianidad". Aparentemente tal aseveración sólo redundaría respecto del Juego Privado Presencial, pues una vez más, nada se advierte respecto de la oferta del Juego Presencial de titularidad pública y semipública a las cuales sí se alude en la exposición de motivos.

El texto a información pública suprime la diferenciación 'máquinas recreativas o de juego' que titula el enunciado del Capítulo II de la todavía vigente ley 2/2000, de 28 de junio, y que posteriormente desarrolla en el artículo 21, para asimilar todo tipo de oferta a través de máquinas como 'producto de juego'. Bajo esa consideración engloba a las máquinas que pueden otorgar un premio en especie limitado o ticket y las aquellas instalables en establecimientos de hostelería, cuyo tratamiento y exigencias normativas se asocian con las máquinas propias de establecimientos de juego, y muy particularmente de casino.

El requisito de un 'mando de activación' y demás consideraciones técnicas planteadas hipotecan las certezas recreativas asociadas a la B en Hostelería y, al cuestionarlas, hacen lo propio con quienes se han especializado en la dispensación de esta prestación de servicio en la Hostelería. Un planteamiento que, si bien no se cita explícitamente, constituye toda una declaración de intenciones del Ejecutivo aragonés por desplazar la oferta proporcionada por el empresariado privado, afirmando la que sea capaces de suministrar SELAE y ONCE.

Difícil y ardua labor la que tiene por delante el sector para tratar de paliar o revertir un texto que dibuja un escenario cargado de presunciones y prevenciones subjetivas y que demuestra la 'compra' de un discurso ni siquiera justificable con los datos objetivos que maneja el propio Ejecutivo aragonés, pero que supuestamente genera rédito político a sus impulsores y deja la puerta expedita a otros agentes que escapan al alcance competencial de la Administración aragonesa.

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