La asociación gaditana AGARE impugnó la iniciativa municipal alegando "serias dudas sobre la legalidad de la modificación por falta de competencia, vulneración de la LGUM y falta de justificación y fundamentación".

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ andaluz con sede en Sevilla comunicó ayer el fallo emitido el 22 de marzo en el cual acepta la aplicación de medida cautelar de suspensión "porque lo contrario crearía una situación de relevantes consecuencias económcas para los interesados sin que, por otra parte, se justifique una grave afectación del interés público en cuanto a la protección del mismo desde la propia perspectiva de la competencia de la Administración autonómica que no sólo ha regulado la materia, sino que de acuerdo con el informe aportado se encuentra en trámite de modificar la normativa autonómica".

La impugnación refiere el acuerdo del Pleno de Ayuntamiento de Cádiz de 25 de septembre de 2020 que aprobó la modificación puntual del articulado de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana para regular la implantación de establecimientos de juego, "excluyendo salas de reunión que albergan actividades relacionadas con el juego de azar" y su remisión a más de 500 metros de distancia de las parcelas destinadas a uso de equipamiento escolar, deportivo o sociocultural.

El TSJA recuerda que "los tribunales pueden acordar la suspensión del acto cuando se revele una contradicción palmaria, clara y evidente con el ordenamiento jurídico". Y respecto de la aplicación de cautelares precisa que ésta "puede acordarse únicamente cuando, previamente a la valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso".

La Sala estima la concurrencia de circunstancias que le permiten evaluar el asunto y reseña que la regulación de las previsiones de distancias figuran en la ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de Andalucía con sus modificaciones introducidas por decreto-ley 6/2019, de 19 de diciembre. Este factor es relevante porque la competencia en la materia corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía y, muy importante, puntualiza que "ha sido ya objeto de regulación legal incidiendo precisamente en la protección de los menores en materia de prohibiciones de acceso".

En el veredicto también se hace referencia a la asignación de 150 metros de distancia que está tramitando la Junta de Andalucía vía modificación del artículo 89 del reglamento de Máquinas, Salones y Registro de Empresas de Juego de Andalucía "en el ejercicio de su competencia exclusiva en planificación de juego y apuestas que ya estableció un régimen de distancias mínimas entre salones y salas de bingo".

 

R. Franco
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