La Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León predice que el cobro de los aplazamientos de la tasa de juego sobre las máquinas recreativas del segundo, tercero y cuarto trimestre de 2020 serán ingresados en 2021.

Predicción de la Junta al hacer balance del funesto 2020 que da por seguro el cobro de las cantidades aplazadas por las empresas operadoras castellano-leonesas de máquinas B, C, E y E1, pese a que en buena parte del segundo, tercero y cuarto trimestre prevaleció la inactividad de las máquinas por el cierre de los establecimientos donde se instalan comercialmente. Paradójicamente la Junta si admite "la situación excepcional generada por la Covid-19 y el cierre de los establecimientos de juego".

Si atendemos a las consideraciones de la Junta, ese 43'73% de disminución de ingresos será paliado cuando sean cobrados los aplazamientos autorizados de los pagos que debían haberse satisfecho en junio, septiembre y diciembre de 2020. Recordemos que todas las empresas operadoras de esta comunidad optaron por el aplazamiento de las fracciones trimestrales de la cuota de devengo anual y también la totalidad pleitará con la Junta contra los pagos por los períodos de inactividad al no haber podido ejercer su actividad por la decisión de cierre adoptada primero por la Administración central y luego por la propia Junta en razón de la Covid-19.

La Junta confirma que únicamente se abonaron los pagos de la primera fracción de la cuota (primer trimestre de 2020), cuyo pago se demoró a finales de agosto de 2020. Las 56.704 autoliquidaciones formalizadas en ese período depararon unos ingresos de 28'90 millones de euros.

Los ingresos procedentes de juegos de casino se limitaron a 0'27 millones, el bingo apenas 1'65 millones, y combinaciones aleatorias, rifas y tómbolas, 7'84 millones de euros.

En este sentido hay que recordar que la Junta percibió el pasado mes de diciembre el ingreso correspondiente a la compensación del Fondo Covid por minoración de ingresos de juego en la tributación autonómica de 2020, fruto de la cuarta parte del 60% de los 4.200 millones del Cuarto Tramo aprobado por el Gobierno español a las Comunidades Autónomas. En el caso de la Junta esa percepción fue de 14'40 millones de euros por lo que si no adopta bonificación alguna sobre el sector amparándose en un mismo concepto, la Administración castellano-leonesa estaría ingresando dos veces por un mismo concepto.