El consejero de Urbanismo de la capital aragonesa, Víctor Serrano, admitió ayer sin rubor alguno que "el objetivo es la práctica imposibilidad de instalar nuevas casas de apuestas en barrios en los que está en jaque la salud de los jóvenes y los más desfavorecidos".
La pretendida modificación del PGOU zaragozano fija 300 metros radiales de distancia de locales de juego y apuestas respecto de colegios y centros juveniles y cuando el criterio del Ejecutivo autonómico (titular de las competencias) es que sean lineales.
Podemos se abstuvo "porque los expertos dicen que la distancia tiene que ser de 800 o 1.000 metros. Vox la respalda "porque conjuga libertad empresarial y distancia de espacios juveniles".
Zaragoza en Común dice que "la distancia es un problema de salud pública". El PSOE habla de cinismo porque primero se habló de 1.000 metros y ahora de 300, y pidió informes técnicos "porque no constan en el expediente".
Lo dicho, ¿habrá reacción del Gobierno de Aragón ante lo que es una invasión de sus competencias? Se admiten apuestas.