CeJuego pide a la Generalitat Valenciana que, en cumplimiento de las recomendaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se permita la apertura de los establecimientos y ponga fin a una situación única de discriminación en España.

La patronal recuerda a la Generalitat que 7.000 empleos directos, 30.000 indirectos y 133 empresas (la mayoría pymes familiares) tienen comprometida su continuidad si no se pone fin a la situación de cierre.

Los datos utilizados por la Generalitat en la adopción de la prórroga de cierre por quince días reconocían una incidencia en catorce días de 31'64 por cada 100.000 habitantes. En esas pautas flexibilizó medidas aplicadas desde enero, pero no hizo lo propio con los establecimientos de juego. "No hay dato sanitario que justifique la restricción para que los operadores y empleados ejerzan su actividad y obligue a casinos, bingos y salones permanecer cerrados totalmente y sin que el Consell ofrezca alternativa alguna".

Según el dirctor General de CeJuego, Alejandro Landaluce, "la decisión obedece más a criterios ideológicos que sanitarios. El Gobierno Puig está abocando a todos los empleados que dependen de ste sector y a las 133 empresas a una situación límite sin ingresos y sin poder ejercer su actividad".

Instan a la Generalitat a "cumplir lo acordado en el Consejo Interterritorial y permitir la apertura de los establecimientos y poner fin así a una situación insostenible que se prolonga desde enero".