El decreto-ley que suspende la vigencia de los artículos 15.1 y 16.1 de la ley 4/1998, de 24 de junio, del Juego y Apuestas de Castilla y León por espacio de 2 años, reconoce la intención de una Planificación de Salones "para salvaguardar las razones imperiosas de interés general".

Es la importante precisión que realiza en el texto del decreto-ley que el presidente Alfonso Fernández Mañueco firmó en el BOCYL del 11 de junio, marcando diferencias respecto de casinos y bingos que estiman se ajustan a este considerando.

El análisis contenido en el decreto-ley señala que desde la aprobación del reglamento de Apuestas en octubre de 2014 el subsector de Salones ha experimentado "una fuerte expansión debido a la instalación de zonas o córneres de apuestas dentro de los establecimientos".

Menos comprensible es la reflexión que en la exposición de motivos precisa que "casinos y bingos se encuentran en claro retroceso con suspensiones temporales y cierres definitivos", cuando estas circunstancias obedecen de manera determinante a los efectos de la pandemia.

Las explicaciones ofrecen pistas sobre cuál es el alcance de la proyectada modificación de la ley del Juego: planificación (en sentido amplio), políticas de juego responsable, protección de consumidores y atención especial a menores y vulnerables.

Igualmente prevé la realización de "un estudio general del sector" para adoptar medidas generales que velen por el equilibrio de los intereses de las partes dentro de un marco de libertad de empresa y protección de los derechos de los consumidores y usuarios.

El decreto-ley precisa que, cumplido el plazo de suspensión de dos años o la entrada en vigor de la ley que pretende acometer, la Consejería de Presidencia publicará la conclusión de la suspensión acordada.