El consejero de Hacienda de la Junta, Juan Bravo, destaca el 'principio de proporcionalidad' inherente en el artículo 4.1 de la ley de Régimen Jurídico del Sector Público que insta a las Administraciones a su utilización como criterio normativo en cuantas reglamentaciones sean acometidas por la Administración.

En la respuesta escrita a una pregunta del diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Andalucía, Jesús Fernández, sobre la distancia de los establecimientos de juego de los centros educativos que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, Bravo precisa que el número de salones de juego autorizados en Andalucía (871) es inferior a los vigentes en el año 2010 (922).

En el escrito señala que "la prevalencia de adicciones en personas menores de edad no hay que buscarla en los Salones, Bingos o Casinos presenciales, ámbito en el cual la Administración andaluza tiene capacidad normativa o regulatoria, sino en otros sectores y sobre todo en la facilidad de acceso de los menores a los dispositivos móviles electrónicos, redes sociales, juegos en línea, etcétera. Esta es la auténtica realidad e incidencia social que les afecta realmente".

A propósito de la denominada 'alarma social', el consejero de Hacienda niega categóricamente una hipotética situación de 'masiva adicción al juego'. "Las frecuentes inspecciones realizadas a los establecimientos de juego nos indican que, de existir esa hipotética situación alarmante, ésta no se debe en modo alguno a la presencia de menores de edad en los establecimientos de juego".

Respecto de las iniciativas de distintos Ayuntamientos andaluces que propugnaban un régimen de mayores distancias mínimas respecto de centros educativos y zonas de jardines o recreativas frecuentadas por menores de edad, Juan Bravo opone que tal prerrogativa sería una contingentación de facto de los actuales establecimientos, incapacitando la libertad de establecimiento de nuevos operadores económicos en un legítimo sector económico "Estas restricciones estarían absolutamente vetadas tanto por las Directivas de la Unión Europea como por la propia ley de Garantía de Unidad de Mercado".

A diferencia de lo que indicábamos ayer respecto de la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía sí proyecta los datos que le ofrecen sus Servicios de Inspección.

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