La diputada del PSIB, Pilar Sansó, resalta los altos controles y numerosas inspecciones que realizan los servicios del Govern y de la Policía Nacional.

No pudieron ser más extensos porque la asimilación de siete reales-decretos para convalidación impidieron el ejercicio de un debate riguroso sobre la cuestión, apenas la fijación de posiciones ante lo que el diputado de PP, Juan Manuel Lafuente, definió como "una ensalada de temas".

Pilar Sansó defendió el voto favorable a la convalidación de todo el decreto-ley. En el capítulo de Juego abogó por "una nueva planificación", pero al mismo tiempo "por un análisis riguroso de la situación". Destacó el "gran control del sector presencial del Juego Privado en Baleares por las inspecciones del Servicio del Govern balear y de la Policía Nacional" en una afirmación que evidenció el rigor de los establecimientos. Eso sí, aprovechó para apuntar a nuevas modalidades online y a los videojuegos para que "abordemos la cuestión desde una visión general de conjunto".

El diputado del grupo Popular, Juan Manuel Lafuente, lamentó "el uso y abuso de la figura del decreto-ley". Recordó a Sus Señorías que "nadie quiere que hayan adicciones". Criticó que en 24 meses desde la paralización de emisión de licencias el 10 de enero de 2020 "no se ha hecho nada". Y señaló que ninguna empresa puede ser sometida a la inseguridad jurídica.

Precisamente Lafuente lamentó la incapacidad de la consellera Garrido de informar al Parlament balear de la sentencia que el 12 de enero de 2022 anuló el Acuerdo del Govern del 10 de enero de 2020 que suspendía por 24 meses toda autorización de establecimiento o espacio de juego "por falta de justificación" (...) "Claro, por eso aprisa y corriendo aprueban un decreto-ley como ejemplo de abuso de poder y fraude de ley".

La diputada de Ciudadanos, Patricia Guasp, censuró "la doble moral que otorga al Estado el control del 40% de la oferta de Juego en España y que como ocurre con SELAE busca captar perfiles jóvenes de jugadores", bajo la tutela del ministro de Consumo, Alberto Garzón. "Lo que aquí se expone son puros dogmas".

Guasp también se interrogó "por qué si supuestamente hay tanta demanda no se ha creado una unidad específica de Juego en el Hospital Son Espases (centro de salud de referencia en Baleares)". Y en esa línea animó a hacer uso de los 37 millones de euros que el Govern recauda anualmente del sector privado del Juego para programas específicos de ludopatía y a favor de campañas de sensibilización.

La intervención del diputado de Podemos, Alejandro López, no modifica un ápice el discurso mimético que la formación reproduce en cualquier foro. Siempre es lo mismo: casas de apuestas en barrios humildes, establecimientos de juego en las zonas de mayor tránsito de menores, la pandemia ha aumentado los problemas de juego sin diferenciar canal de comercialización... Incapaces de acometer una mera reflexión interna de hechos que la realidad objetiva desdice.