"Nos preocupa que una de las enmiendas al proyecto de ley del Juego excluya de la norma a los juegos de ONCE y SELAE y ello derive en la instalación de expendedoras y otros modelos de juegos sin control a cargo del Gobierno de Aragón", denuncian en sede parlamentaria Mónica Sardaña y Miriam Gañán, quienes abogan por "un juego responsable".

"Todo el mundo nos da la enhorabuena, pero nadie nos facilita tener una estabilidad económica", expusieron ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos del legislativo aragonés, según recogió el rotativo Heraldo de Aragón.

Las explicaciones fueron concretas. En 2020 recibieron del Gobierno de Aragón 27.500 euros, mientras que en 2021 la cantidad se redujo a 22.284 euros. En su intervención denunciaron que la partida de 40.000 euros presupuestada por el Ejecutivo autonómico para entidades que luchan contra la ludopatía no se adjudicó en su totalidad.

Las atenciones realizadas en 2021 por AZAJER (incluido en el entorno familiar) fue de 269 personas. El 15'27% de las personas atendidas comparten trastorno de juego con el consumo de drogas y alcohol.