La consejera dimisionaria no aceptó durante su mandato mantener reunión alguna con el sector empresarial del Recreativo y Juego cántabros, en especial a raíz del colapso causado por la pandemia, y tampoco promovió alternativa o solución tributaria al período de inhabilitación administrativa del sector durante el confinamiento y pandemia.

El pacto de gobierno de legislatura en Cantabria repartió las carteras entre el PRC y el PSOE, y en el caso de Economía y Hacienda, ésta fue asignada al PSOE. De ahí que la salida ayer martes de María Sánchez de la Consejería y su relevo por Ana Belén Alvarez no comporta grandes cambios en la estructura del Ejecutivo que preside Miguel Ángel Revilla.

En clave interna a nadie escapa en Cantabria las diferencias de criterio con el resto de colegas del Gobierno cántabro, pero a un año vista de comicios ya es la segunda dimisión, tras la de Miguel Rodríguez semanas atrás en la Consejería de Sanidad.

Ana Belén Alvarez, hasta ahora consejera de Empleo y Políticas Sociales, asumirá la Consejería de Economía y Hacienda de Cantabria, que es una de las áreas más relevantes para las empresas operadoras del sector en esta comunidad.

María Sánchez no tuvo en consideración a las empresas operadoras de Cantabria. Negó toda reunión con su representación empresarial y fue incapaz de promover algún tipo de medida tributaria bonificatoria o compensatoria por el período de inactividad imperativa en el confinamiento y pandemia. De ahí que actualmente las empresas operadoras mantengan en el TEAR las reclamaciones por los devengos fiscales de las máquinas B y C "abonados indebidamente" correspondientes al ejercicio 2020, que tendrán una previsible continuidad en el Contencioso-Administrativo.

Es más, María Sánchez no adoptó medida fiscal paliativa a sabiendas que el Ministerio de Hacienda, a cuenta de la Cuarta Parte de los 4.200 millones del Cuarto Tramo del Fondo Covid, destinó al Gobierno de Cantabria un total de 3'31 millones de euros como compensación de la minoración de ingresos autonómica por tributos de Juego en 2020, tal como informó la revista Joc Privat (JP342/Enero 2021).

También la revista Joc Privat (JP349/Agosto 2021) reveló que, gracias al ingreso del Fondo Covid, la Administración tributaria de Cantabria recaudó por tributos del Juego en 2020 un total de 8'56 millones de euros sobre unos derechos reconocidos en el ejercicio de 5'24 millones de euros.

Así las cosas, no puede extrañar que la gestión de Sánchez al frente de la Consejería no haya sido precisamente un ejemplo de sintonía para con el sector empresarial del Juego y Recreativo de Cantabria.

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Mitos y Realidades del Juego

En torno a la oferta de juego regulada en España han surgido una serie de afirmaciones no ajustadas a la realidad. A través de noticias que aparecerán sucesivamente en este espacio, confrontaremos ciertos mitos que han consolidado principalmente en los medios de comunicación generalistas.

Público o Privado: la esencia del juego no varía, es la misma

¿Acaso el sector del Juego en España es una 'jungla'? Desde 1977 está sometido a una extensa y altísima regulación autonómica y estatal

Jugar forma parte del ocio y del entretenimiento de los españoles en el ejercicio de su libertad y responsabilidad individuales

El consumo de juego real en España, un 50% por debajo de los niveles de 2019

¿Es cierto que hay demasiada publicidad del juego, cuya finalidad es atraer dinero fácil?

Los establecimientos de juego siempre han buscado las zonas urbanas más comerciales y con mayor densidad de población

¿Acaso una empresa autorizada sujeta a multitud de requisitos administrativos, fiscales y normativos puede estar interesada en menores que se cuelan en el local?

Que los establecimientos de juego tengan fachadas opacas y vidrieras oscuras es un criterio normativo impuesto por la Administración

El sector del juego de entretenimiento privado defiende el criterio de distancia entre salones y otros locales de juego cuando se respeta la seguridad jurídica de las empresas

La práctica del juego legal en España es una actividad ejercida por la ciudadanía en el uso de su responsabilidad y libertad individual

España, entre los cuatro países del mundo occidental con un menor indicador de juego problemático

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