El secretario General, Valentín González, identifica a "las casas de apuestas" (no existe en el nomenclátor normativo de Galicia") como "casas de préstamos" y el responsable de Sanidad de la formación afirma que 1 de cada 4 menores de edad apuesta alguna vez cada mes".

Fue desde AGEO que se recordó en todo momento al vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que la tardanza en acometer la reforma de la ley del Juego pasaría factura a las propias empresas operadoras. Un proceso de reforma legislativa que pudo basarse en el consenso se ha convertido en un campo de minas que en última instancia sólo causará perjuicio a las empresas del sector.

La intervención ayer de los portavoces socialistas en el legislativo gallego durante la presentación de una proposición de ley, que como presumimos días atrás, pretende utilizar al sector del juego de entretenimiento presencial privado como arma arrojadiza en su pugna política con el PP al consumarse la marcha de Alberto Núñez Feijoo, lo refrenda absolutamente.

Hablaron de "clamor de las familias", indicaron que "las casas de apuestas copan los barrios y campan a sus anchas en entornos de colegios" o que "los niños ya no juegan al recreo porque estaban en una casa de apuestas a 50 metros del colegio".

Y a todo ello blandiendo un informe elaborado por una universidad gallega que sirve de base para que la propuesta socialista hable de distancias de 850 metros con un centro educativo o un centro de tratamiento de personas con patologías por adicción, y que entre los propios establecimientos no exista una distancia de 500 metros; incorpora el concepto de 'zona saturada"; una sola máquina en hostelería, bien de apuestas, bien recreativa con premio, y; no delegar en el hostelero la supervisión de quien juega en la máquina. También sugieren que el 1% de la recaudación por tasas e impuestos de juego se destine a aumentar recursos de prevención. Y en el capítulo sancionador los socialistas animan a imponer sanciones de 600.000 euros para las muy graves, entre las que incluiría como factor la interrupción sin causa justificada de una partida o juego.