El dictamen "no comprende" en el anteproyecto de ley del Juego la coexistencia de una Estrategia de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico de carácter plurianual y de un Plan Estratégico de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico de acción bianual, "máxime cuando se afirma que la primera se contendrá en el segundo".

Los principios de la LGUM se resienten en el ámbito sancionador del anteproyecto de ley del Juego de Castilla y León. El Consejo recupera la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2018, que se pronunció sobre el 'principio de proporcionalidad de la sanción' y 'la fijación de un umbral máximo y mínimo de la sanción en atención a la gravedad de la infracción' "porque es una garantía para el administrado al reducir el margen de discrecionalidad en materia de derecho administrativo sancionador".

De ahí que como norma general el dictamen inste en sentido general a que toda norma legislativa autonómica que se emprenda tome en consideración los principios de la LGUM asentados en la ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado (el texto tiene una errata al confundir noviembre con diciembre).

Sobre el redactado del Registro de Interdicciones pide al Ejecutivo aclarar cuáles serían las "limitaciones especiales de acceso y práctica" y "reglamentaciones específicas" (...) "porque la expresión podría resultar contraria a la seguridad jurídica y, en su caso, al principio de reserva de ley".

En el plano formal y procedimental son varias las regañinas que lanza al Ejecutivo. Destacamos el recordatorio del Consejo que "no es admisible una simple certificación de los acuerdos de los órganos colegiados que no refleje su contenido", tras detectar la ausencia de aquiescencia o emisión de informe de carácter verbal. Acompaña el recordatorio con la sentencia del TSJCYL de 2 de febrero de 2015 que requiere de ambos.

Igualmente también aprecia no incorporar el expediente del informe de la Secretaría General de la Consejería proponente. Indica textualmente que "la memoria justificativa del anteproyecto de ley no aparece firmada por la Secretaría General de la Consejería de Presidencia".