El texto a examen de los procuradores de Las Cortes de Castilla y León prevé que las autorizaciones de establecimientos de juego y apuestas a renovar cuando rija la modificación de la ley se ajustarán al régimen de distancias conforme con la normativa en vigor en el momento de haberla recibido.

En efecto, resulta muy sorprendente el maximalismo incluido en la 'exposición de motivos' del proyecto de ley. No es ajustado a la realidad por no sostenerse en razón o documentación que lo acredite: "Dada la creciente incidencia del juego problemático y del juego patológico en nuestra sociedad", señala literalmente. Los estudios y referencias oficiales precisamente ponen de manifiesto justamente lo contrario: que no hay un aumento. Si lo que se pretende a través de la modificación legislativa es sensibilizar, seguramente lo más lógico sería referirse a la 'necesidad de sensibilizar a propósito de un asunto que preocupa socialmente', como argumento para sostener la Estrategia Plurianual de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico que plantea el redactado.

Son llamativas igualmente las referencias a las prohibiciones de publicidad, patrocinio y promoción del juego, sometidos a autorización administrativa previa, cuando la publicidad y patrocinio de los juegos públicos y semipúblicos es abismal. La Junta no hace referencia explícita alguna al carecer de competencias.

En el contenido del proyecto se incorpora "el carácter finalista" de la recaudación que se obtenga por la imposición de sanciones y cuyo destino será la financiación de programas de prevención y rehabilitación de personas con problemas de adicción al juego, a campañas de acciones formativas de prevención y a programas sociales, educativos y de salud pública.