La opinión de los juristas especializados en Protección de Datos, como pudo comprobarse en el Congreso de Ávila de octubre pasado, coincide que una iniciativa autonómica con rango de ley es insuficiente cuando sólo una ley orgánica estatal puede legitimar la condición imperativa de este tipo de controles en locales de juego

La directora General de Tributos y Juego de la Junta de Castilla-La Mancha, Susana Pastor, ha reconocido a JPNoticias la intención de promover una ley autonómica que supuestamente respaldaría la condición imperativa de controles y servicios de admisión de la biometría en los establecimientos de juego de esta comunidad, que actualmente se subordinan únicamente a lo dispuesto vía decreto.

La revista Joc Privat (JP) ha informado ampliamente sobre este tema por lo que no nos extenderemos. Durante el Congreso de Juego de Castilla y León en Ávila, tanto el exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), José Luis Piñar, como el exletrado del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Hernández-Corchete, y el abogado del Área de Compliance y Derecho Digital de Deloitte, Daniel Choliz, coincidieron en que "la norma autonómica obliga a la empresa, pero una ley orgánica estatal afecta a la persona" y que "la AEPD no se compromete en materia de biometría porque el consentimiento tiene que ser libre". 

Es más, Hernández-Corchete fue contundente sobre la eventual pretensión de la Junta de Castilla-La Mancha de promover una ley autonómica. "Este tipo de iniciativa plantearía a la AEPD una disyuntiva constitucional porque la competencia de los derechos de la persona es estatal. Estamos abordando un derecho y no la actividad de Juego".

En Ávila Daniel Choliz precisó que "las normas con rango de ley orgánica piensan en la persona. Si el Estado acudiera al TC para recurrir la norma autonómica, lo normal es que éste le diera la razón porque vulnera los derechos de la persona". 

Más allá de estas consideraciones, habrá que ver el recorrido de la iniciativa legislativa que pretende emprender Susana Pastor y sobre todo la situación que afrontan las empresas en Castilla-La Mancha que en su totalidad están implementando la tecnología biométrica en sus controles de acceso y con incertidumbres jurídicas sobre cuál es la situación a la que se enfrentan ante un eventual requerimiento de la AEPD.