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Pilar Delgado

Operadores de diferentes comunidades acuden con curiosidad y prevención, y marchan con información, pero sin despejar las dudas sobre el impacto económico que supone incorporar un nuevo actor en su actividad.

Tanto Pilar Delgado como Pablo Suárez, desde sus respectivos Negociados administrativos de Juego y Tributos de la Junta.

Aproximaron el marco normativo que en Castilla y León habilita formalmente este sistema limitado única y exclusivamente a las B para instalación en Hostelería.

Delgado precisó los aspectos reglamentarios, que datan de mayo de 2015 y que ya fueron adelantados en su momento por JP noticias. No obstante, recalcó algunos significativos. Por ejemplo, recordó que en el supuesto de canje fiscal el criterio es unidireccional, es decir, el canje de un permiso de B convencional por una B bajo servidor es factible, pero ese mismo permiso en ningún caso ya podría efectuar el recorrido inverso de B bajo servidor a B convencional.

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Precisó la jefa de Servicio de Juego que la Administración debe tener un acceso permanente de los detalles de la máquina e incluso ésta es atribuida de capacidad para desconectar unilateralmente a distancia la máquina en determinados supuestos; el servidor central puede incluir diversos servidores de grupo con un máximo de cuatro; la descarga de juegos, que tienen que reunir requisitos técnicos exclusivamente de máquina B, lo es desde el sistema; el número mínimo de máquinas por cada empresa gestora de este sistema tiene que ser de 1.536 unidades...

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Por su parte, Pablo Suárez reparó en los aspectos derivados del devengo de la tasa por esta modalidad, cuyos períodos de pago son del 1 al 20 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, cuyo modelo específico de pago (041) se ejecuta telemáticamente. La Junta le ha dotado a esta aplicación del denominado 'crédito fiscal', es decir, si la sustitución de la B se produjera en fecha 1 de marzo (sobre una cuota anual de 3.600 euros), el operador abonaría 300 euros por los meses de enero y febrero, y la cantidad restante de 3.000 hasta los 3.600 euros, lo serían a cuenta de las autoliquidaciones generadas a posteriori. Los pormenores de la arquitectura técnica que impone la plataforma fueron desarrollados por sus autores: la empresa Mavinter.

Operadores castellano-leoneses, pero numerosos procedentes de diversas comunidades conocieron en primera persona los detalles del sistema. No hubo referencias a los costes económicos que entraña la implantación del sistema, ni tampoco al impacto que la implantación del sistema representaría en la actividad ordinaria que actualmente desempeña el operador. Esta propuesta supone la incorporación de un nuevo agente dentro de la ecuación de actores que vienen configurando la actividad del negocio con la Hostelería.

Las conclusiones que puedan extraerse del periodo de pruebas vigente en esta comunidad seguramente serán decisivas para contrastar si el proyecto cuenta con el apoyo de inversores, algunos de los cuales reconocen su prevención para con esta iniciativa.

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