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Pilar Blanco-Morales Limones. Consejera de Hacienda y Administración Pública. Junta de Extremadura

Los portavoces parlamentarios repiten mensajes recurrentes escuchados en los últimos meses, mientras el popular alerta que el redactado del artículo 41 "crea inseguridad jurídica a ONCE y SELAE".

La convalidación del decreto-ley superó el pleno de la Asamblea por 63 votos a favor y ninguno en contra, pero la petición del grupo popular a favor de su tramitación como proyecto de ley por vía de urgencia fue rechazado por 26 a favor y 35 en contra.

Defendió el decreto-ley la vicepresidenta y consejera de Hacienda de la Junta, Pilar Blanco-Morales, que atribuyó a la medida capacidad "para reforzar la intervención administrativa en la defensa de los consumidores, menores y evitar la incentivación del juego, así como la deriva a una gestión monopolística". Aseguró que "el juego es susceptible de generar adicción", y que la popularidad de las casas de apuestas y del juego online ha contribuido al desarrollo de graves patologías, particularmente entre los jóvenes. Ante este escenario de 'alarma social' hemos acometido la reforma de la ley del Juego de Extremadura".

Entre las afirmaciones de Blanco-Morales se incluyó que "Extremadura era la primera comunidad en fijar distancias entre locales de juego y de éstos con centros educativos" y subrayó "el control de admisión en todos los locales de juego, cuyo incumplimiento sería objeto de sanciones muyy graves". También se felicitó de dar respuesta a la petición de los alcaldes de los municipios extremeños "para incorporar a la Policía Local en funciones de inspección de Juego".

Todos los portavoces parlamentarios se expresaron a favor del decreto-ley, salvo referencias a que llega tarde, como fue el caso de Podemos y Ciudadanos, y del grupo socialista que precisó la celeridad precisamente en que se aproximaba el fin de legislatura. Victoria Domínguez de Ciudadanos llegó a valorar que algunos locales de juego "son penosos porque carecen de ventilación" y desde las filas de Podemos se insistió que el espectro de atracción económico de clientes "es de perfil medio/bajo", aunque también se afirmó "no estar en contra de casas de apuestas, pero sí sujetas a una conveniente reglamentación". 

Desde el grupo popular advierten "graves deficiencia jurídicas", por ejemplo a ONCE y SELAE "porque la exigencia de autorización autonómica del artículo 41 sería contradictorio con la Disposición Adicional Primera de la ley estatal del Juego". Manuel Vázquez lamentó que "el decreto-ley no afectará a los 114 locales operativos en la comunidad" y pidió que se tomara en consideración la alegación del sindicato CCOO para que el control de admisión en Salones cuente con vigilantes de seguridad". Igualmente se posicionó con la Abogacía de la Junta que critica que "la horquilla para sancionar las infracciones muy graves abarque un espacio excesivamente amplio que corre desde los 6.001 a los 600.000 euros, lo que propicia demasiada discrecionalidad a a Junta". 

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