Miguel Ángel García Martín. Viceconsejero de Hacienda y Empleo. Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ultima la reforma urgente del reglamento de Salones, cuyo texto definitivo podría aprobarse a comienzos de mayo.

La tramitación de la disposición, una vez finalizado el período de alegaciones, está siendo una mezcla de carrera de fondo y de velocidad en la cual se han sucedido relevantes reuniones, como la preceptiva de carácter técnico mantenida en la sede de la Dirección General de Consumo y en la cual coincidieron representación patronal del sector Salones, consumidores y centrales sindicales, además de Administración madrileña con Prats a la cabeza. Sin embargo, la más significativa habría que situarla en la que el 1 de abril congregó a los representantes del sector empresarial de Salones (ANESAR y AEJOMA) y cada una de las marcas de Apuestas que concurren comercialmente en la Comunidad de Madrid con el viceconsejero de Hacienda y Empleo, Miguel Ángel García, y el titular de Juego, Fernando Prats. En todas ellas desempeñando un papel transversal CEIM, que el 15 de marzo había activado la Comisión Sectorial de Juego existente en esta patronal madrileña vinculada a CEOE para abordar con la urgencia debida la situación abierta en el sector Salón y en el sector Apuestas de esta jurisdicción.

Los servicios jurídicos de la Comunidad tienen la última palabra antes que el documento llegue a Consejo de Gobierno, previsiblemente a comienzos de mayo. De ahí que apostar por el contenido definitivo del decreto resultaría prematuro. Sin embargo, hay algunos aspectos que parecen decididos. Por ejemplo, los 100 metros de distancia 'lineales' "con centros de enseñanza no universitaria y reglada", matiz relevante porque originalmente se hablaba de 'centro docente no universitario'. En el caso de las máquinas redemption se mantendrían, pero prevalecería el criterio que la presencia física del modelo debiera diferenciarse extraordinariamente de lo que es físicamente una máquina B. No se suprimirá la transmisión de las autorizaciones de funcionamiento de Salón, salvo 'mortis causa', es decir, el redactado no se alterará porque hay más supuestos que condicionan el supuesto referenciado. Y la idea de dotar destino finalista a los ingresos de la tasa de juego "para políticas de prevención y tratamiento de ludopatías", en concreto el 0'7%, parece seguir adelante, aunque los servicios jurídicos tendrán que determinar si es viable a través de un decreto, o bien aconsejan acometerlo vía ley. Igualmente, la Comunidad tendría claro no exigir que el personal laboral del Local de Apuestas sea imperativamente contratado por la marca de apuestas, sino que podría serlo del propio establecimiento. 

Quedan pendiente de despejar el margen de tiempo otorgado a los Salones para que retiren de las fachadas las denominaciones que hagan alusión a otro tipo de establecimientos de juego "y/o a juegos cuyo desarrollo no estuviera autorizado en su interior". Y también debe concretarse el tiempo exigido a los Salones para incorporar el control de acceso, que aparentemente debería acometer personal del propio establecimiento, más allá que se autorice algún procedimiento automatizado fruto del avance del 'estado de la técnica'.

Punto de especial gravedad es el referido a la duración de las autorizaciones de instalación de los Salones que cuando entre en vigor el decreto queden situados por debajo de los 100 metros de "distancia lineal con un centro de enseñanza no universitaria y reglada". No está definido concretamente el criterio que se impondrá: la Comunidad baraja añadir 10 años al período que todavía reste de autorización al establecimiento, o bien contar 10 años desde el mismo instante en que venza la autorización. El asunto es particularmente polémico y espinoso porque la medida puede afectar a Salones con muchos años de funcionamiento y otros de instalación más reciente y con importantes inversiones acometidas en todavía un escaso período de tiempo, y además también puede originar un grave problema para aquellos salones ya existentes en cuyo perímetro de influencia pudiera abrirse en el futuro algún centro, en cuyo caso el local debería cerrar transcurridos 10 años desde la apertura del centro. Sin duda un tema muy conflictivo que deberán dilucidar los asesores jurídicos de la Comunidad en los próximos días. 

R. Franco
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