Gobierno y Generalitat Valenciana deberán resolver sus discrepancias sobre el contenido de los artículos 13 y 35 de la ley sobre Garantías de la Infancia y Adolescencia aprobada por Les Corts el 21 de diciembre como previo a una eventual remisión al Constitucional.

La Comisión Bilateral existente entre ambas Administraciones ha reconocido la creación de un grupo de trabajo que deberá resolver las discrepancias existentes a propósito de la ley 26/2018, de 21 de diciembre de la Comunidad Valenciana.

El Gobierno central ya ha precisado a sus interlocutores levantinos que acudirá al Tribunal Constitucional si la Generalitat no enmienda (en este caso eliminar) los redactados de los artículos 13 y 35 de la citada norma.

En el primer caso la oposición es al hecho que el Consell Executiu de la Generalitat pueda personarse como acusación particular en procedimientos penales relacionados con aspectos enunciados que potencialmente pudieran incidir en menores en general. En el segundo caso la oposición lo es referente a "la prohibición de emisiones publicitarias de juegos de azar (entre otras temáticas: armas, tabaco, alcohol, espectáculos violentos...) en horarios de programación infantiles, o bien durante transmisiones de eventos deportivos".

Si no hubiera acuerdo sobre su eliminación, el Gobierno ya ha advertido que recurrirá al Tribunal Constitucional.

R. Franco
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