Andrés Paz-Ares Rodríguez. Director xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia

El consejero de Salud de la Xunta reitera en sede parlamentaria a preguntas del grupo Marea que han sido 300 personas las que recibieron asistencia por esta problemática en la red de gallega de atención médica.

Paz-Ares respondió a la diputada de Marea, Paula Quintero, que aseveró exactamente la misma frase que se repite machaconamente y sin rubor alguno en cuantas referencias a este asunto realizan dirigentes de Unidas Podemos. "Existe un crecimiento evidente de ludopatía en los últimos años y los menores acceden a las casas de apuestas".

El conselleiro Andrés Paz-Ares rechazó con datos oficiales la afirmación de la diputada, señalando que precisamente el porcentaje de personas con problemas de juego es hoy menor que veinte años atrás, y que fueron 300 las personas atendidas por la red gallega asistencial por esta causa.

En el Informe realizado en exclusiva por la revista Joc Privat en Marzo de 2018 (JP306), recogiendo diferentes cifras recopiladas por la Unidad de Conductas del Complejo Hospitalario de Orense, la asociación Agalure y la homónima de Vigo el porcentaje de personas atendidas (que no necesariamente diagnosticadas) se situaba en el 0'40% de la población mayor de 18 años.

Pérez-Paz puntualizó que la Sanidad gallega coordina y cofinancia actividades de prevención de trastornos adictivos en general, cuya inversión entre 2012 y 2019 ha sido de 8'9 millones de euros. No obstante, adelantó que en la próxima Estrategia Galega de Adiccions se incluirán medidas específicas para combatir el juego patológico en el contexto general de los problemas relacionados con internet y las tecnologías de la información y la comunicación, además de revisar los servicios del Plan de Galicia sobre Drogas.

En una perspectiva más administrativa Paz-Ares informó a la formación morada que en Galicia se exige una distancia de 150 metros de los establecimientos de juego a centros de enseñanza de menores de 12 años y que el régimen sancionador por incumplir la normativa de menores fija sanciones de entre 18.000 y 100.000 euros.

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