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Antonia Cerrato Rodríguez. Directora General de Tribubos. Consejería de Hacienda y Administración Pública. Junta de Extremadura

Antonia Cerrato rebaja el tono beligerante que venía presidiendo la relación de la Junta con los sectores del Juego Privado desde la aprobación del decreto-ley a comienzos de febrero en una reunión con representantes sectoriales.

El anhelado encuentro que los medios empresariales representativos del sector Casinos, Apuestas, Máquina B y Salones en Extremadura esperaban con la Junta se produjo finalmente en Semana Santa.

El decreto ley publicado el 7 de febrero y que entró en vigor al día siguiente establece, entre otras medidas, que la Junta adoptará acciones sobre contenido, organización y funcionamiento del control de admisión en Salones en un plazo no superior a tres meses. Sin embargo, desde que la Comisión de Juego convalidó el decreto-ley no se había producido contacto oficial alguno entre la Dirección General de Tributos (competente de la materia Juego en el organigrama de la Junta), alimentando la incerteza sobre cómo y cuáles serán las formas de implementación de las medidas anunciadas.

Si la Administración autonómica quiere cumplir con los plazos que se autoimpuso, dispone de margen de tiempo teórico hasta el 8 de mayo. Así pues, no queda mucho para fijar pautas relativas al control y gestión de la documentación del Registro de Prohibidos, máxime con la meticulosidad que requiere su imperativa adaptación a los requisitos de la normativa europea sobre Protección de Datos. Aparentemente la idea sería llevar a cabo el objetivo.

No puede olvidarse que el decreto-ley prevé sanciones muy severas (incluida revocación de autorización o cierre del local) por incumplimiento o deficiencia en el sistema de admisión y control o falta de actualización del Registro de Prohibidos.

Medios empresariales consultados por JP noticias destacan, en cualquier caso, una minoración del tono en ese ambiente enrarecido y con alto ruido mediático que han acompañado los acontecimientos vividos en las últimas semanas, incluso cierta comprensión ante la sensación de incertidumbre que se ha apoderado del empresariado por todo lo sucedido y lo que pudiera ocurrir en adelante.

Además de las medidas relacionadas con las derivadas del decreto-ley, la Junta también estaría involucrada en el desarrollo de una Orden sobre horarios, cuya competencia sigue siendo autonómica, y que también requieren desde hace tiempo medios empresariales. 

R. Franco
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