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M. Pilar Sansó Fuster. Reguladora de Juego. Govern Illes Balears

La Direcció General d'Economia i Empresa del Govern balear hace balance de la aplicación del régimen sancionador en 2018, pero no se refiere a la sentencia que cuestiona la efectividad de al menos una parte de la ley del Juego.

Ha sido en el rotativo Ultima Hora donde Pilar Sansó que las sanciones incoadas a establecimientos de juego a lo largo de 2018 fueron 215 frente a las 52 en el ejercicio 2015. La titular del departamento de Juego explica que "habrían el doble de inspectores" y que en efecto "el sector está muy regulado".

La información también admite que las principales infracciones obedecerían a falta de documentación, incumplimiento de metros cuadrados asignados al área de juego o cuestiones técnicas. Y que las propuestas de sanciones de los 529 expedientes desde 2015 habrían representado un monto de 5'24 millones de euros para la Administración.

Sin embargo, la noticia de Ultima Hora no repara en ningún momento en la primera sentencia validada por el TSJ de Baleares que actualmente pondría en entredicho la vigencia de la ley del Juego de Baleares porque "incumplió el requisito imperativo de remitir a la Comisión Europea el proyecto de ley".

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