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Pese a estipular una planificación de máquinas B en 12.427 unidades en Galicia y actualmente existir un parque de 9.421, la idea seguiría siendo no favorecer nuevas adjudicaciones en un anteproyecto de ley del Juego que también impone el silencio administrativo negativo.

Aunque la exposición de motivos del anteproyecto de ley recalca que el Juego "es una realidad social lícita porque supone una manifestación del principio de libertad individual recogido en la Constitución", el contenido del texto rezuma por todos sus ángulos una clara constricción de lo que representaría el Juego Privado Presencial, no sólo por los estrictos límites planificativos que afectarían a los diferentes sectores individualmente, sino también porque la 'invitación a la desmotivación' que transmite la Xunta al empresariado en el redactado es evidente: vendría a ser algo así 'si por razones coyunturales u otras tienes que causar la baja definitiva de una máquina B, olvídate de seguir invirtiendo porque no se admiten nuevas adjudicaciones en el parque', pese a existir actualmente un margen de 3.006 permisos hasta la contingentación estipulada (dato a 31 de diciembre de 2018).

El mensaje restrictivo o cuando menos desinversor también está claramente dirigido al sector del Bingo, al cual propone contingentar en 12 establecimientos el número de locales autorizados en Galicia, justo la cifra existente en la actualidad, y aclarando que el cierre por espacio de más de treinta días naturales consecutivos conllevaría la pérdida de la licencia.

Síntoma diáfano de ese carácter restrictivo que impone la norma es el contexto de la misma que aboga por la aplicación del silencio administrativo negativo al irradiar los diferentes procedimientos estipulados en el texto. Paradójicamente el silencio negativo se transforma en positivo en el anteproyecto cuando alude a las Rifas, incluso cuando éstas requirieran el plácet de ONCE o SELAE; aquí, si en el plazo previsto no se dictara o notificara resolución, la petición se consideraría estimada.

Otra novedad relevante del anteproyecto es que la Xunta otorgaría capacidad a los ayuntamientos para establecer límites adicionales sobre los requisitos o características incluidos en la ley a partir de ordenanzas y reglamentos, en sintonía con lo dispuesto en la ley de Espectáculos y Actividades Recreativas de Galicia.

Pese a ese talante restrictivo, la Xunta incorporaría la figura de una lotería instantánea electrónica, cuya autorización correspondería a una sola empresa para la gestión y explotación mercantil del juego y que debería constituirse en sociedad anónima y capital social mínimo de 60.000 euros.

Lejos quedan aquellas declaraciones en el Encuentro AGEO de octubre de 2018 cuando las empresas del sector observaban con esperanza consideraciones, tales como la condición como 'operador de juegos único en Hostelería'.

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