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Mayte Pérez, que presidió la Comisión celebrada ayer en Zaragoza, definió el encuentro como "una escucha activa" sobre la situación del Juego en Aragón, y confirmó que hoy jueves Álvaro Burrell deja de ser el regulador autonómico de la materia.

La colocación de la materia 'Juego' en el ojo del huracán mediático y político está deparando que los consejeros asuman su condición presidencial en las respectivas Comisiones de Juego, circunstancia que en otro contexto eran impensables. En el caso de Aragón Mayte Pérez emuló ayer a Antonio Suárez, quien durante la etapa de Gobierno del PP también presidió aquella turbulenta Comisión sobre una eventual instalación de máquinas auxiliares de apuestas en bares.

¡Cómo han cambiado los tiempos! Pese a que Pérez admitió ayer una vez más que el número de Salones "se ha estancado en Aragón porque no somos como Madrid, es preciso replantear una ley del Juego que data del año 2000 porque la actual está desactualizada".

Al socaire de esta decisión política, Mayte Pérez transmitió "el compromiso del Gobierno de Aragón frente al fenómeno del juego y considera prioritaria la iniciativa para atajar adicciones que amenazan a sectores más vulnerables y fundamentalmente a los más jóvenes".

En esta línea la consejera de Presidencia adelantó la elaboración de un Programa de Prevención de la Ludopatía en el período 2020/24 configurado por un grupo interdepartamental con representantes de todos los ámbitos, cuyo objetivo es "aumentar la concienciación y sensibilización para con el juego y elevar la formación en colectivos como policías o profesores con el ánimo de fomentar la prevención en el ámbito educativo".

Ya sabemos que el Ejecutivo pretende incorporar en la nueva ley del Juego un refuerzo del control de acceso a los locales, necesariamente en la entrada que exigirá identificar al cliente vía DNI o NIE e incluirá un libro de visitas como ocurre en Bingos y Casinos. Además, Mayte Pérez habló de establecer "un umbral mínimo respecto de 'instalaciones sensibles' como los colegios". En el capítulo del Registro de Autoprohibidos se pretende que la inscripción en el mismo no tenga caducidad prefijada, sino que sea indefinido y la baja exija su comunicación voluntaria y el pago de una tasa; entre las novedades, la consejera adelantó que la inscripción en el Registro quiere que sea facilitable a través de los Ayuntamientos "con el fin de propiciar que la inscripción sea más asequible".

Mayte Pérez no obvió referirse en su comparecencia con los medios a "la necesidad de que el Gobierno de España modifique el marco normativo del juego online".

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