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La sala de lo Contencioso del TSJIB acepta la impugnación que planteó ACOMAM en junio de 2018 a la Instrucción 1/2018, de 22 de mayo, y que el Govern ya ha decidido no recurrir.

Los argumentos que toma en consideración el TSJIB tienen muy presente el artículo 14.2 de la ley de Procedimiento Administrativo de 1 de octubre de 2015, que obliga a la relación por medios electrónicos a personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica "por lo que la obligación no puede serlo a partir de la vigencia de la Instrucción del Govern" (...) "Que sólo lo fuera a partir de la entrada en vigor de la Instrucción significaría que aquéllos no presentados electrónicamente con antelación a la misma no lo fueran".

Otro de los puntos recurridos hacía referencia a que la formulación de la solicitud podía acreditarse con poder notarial o apoderamiento apud acta ante funcionario público habilitado, lo que restringía otros modos de acreditación. Este punto también es aceptado por el TSJIB, pero lo anecdótico es que el propio Govern balear ya reconoció ante el juez que "no plantearía oposición al mismo" durante la instrucción del procedimiento judicial.

Aunque cabe recurso de casación al fallo que impuso el pago de costas a la Administración autonómica, el Govern ya ha comunicado que no hará uso de esta opción por lo que la Instrucción está definitivamente anulada.

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