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Las recomendaciones, no vinculantes, recuerdan aspectos regulatorios de obligado cumplimiento para los establecimientos de juego en Baleares y un listado de direcciones de contacto para eventuales atenciones socio-sanitarias.

La Direcció General de Comerç del Govern balear "trabaja constantemente para mitigar los efectos negativos del juego". Con estas palabras se recuerda en la carta remitida a los ayuntamientos que adjuntamos en la presente información la relevancia que el asunto sigue mereciendo para el departamento que encabeza el vicepresidente Juan Pedro Yllanes.

Recuerda que el Ejecutivo se ha marcado un plazo de 23 meses (a contar desde febrero de 2020) para tramitar una nueva planificación general del sector en Baleares; ofrece un listado de direcciones de contacto de atención socio-sanitaria para que los ayuntamientos que lo necesiten puedan informar o derivar a aquellos afectados por comportamientos adictivos al juego, y; precisa que menores y prohibidos tienen vetado el acceso a locales de juego y que éstos tienen obligación de identificar todas las entradas a sus negocios.

Sin embargo, misivas de este calibre parecen destinadas a seguir dando pábulo a la sensación de 'alarma social', que los datos de la propia Administración autonómica se empeñan en cuestionar, y por otro lado, animar una inquietud proactiva en los consistorios a partir de unas pautas municipales que siguen siendo las mismas de siempre. A saber, la carta refiere que los ayuntamientos pueden hacer inspecciones en materia de comercio, de orden y de seguridad pública; los ayuntamientos tienen capacidad de definir horarios específicos vía ordenanza municipal, siempre desde la justificación de razones de interés general, y; que están en condiciones de limitar mensajes publicitarios desde criterios justificados en la protección y salvaguardia de los derechos de los colectivos vulnerables.

Seguramente se echan a faltar alusiones a la práctica responsable de una actividad perfectamente regulada que se desarrolla en un entorno seguro y profesional, y que los establecimientos de juegos son espacios de ocio y entretenimiento que han superado exhaustivos criterios de cumplimiento.

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