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La decisión de la Agència Tributària de Illes Balears (ATIB), la primera de carácter autonómico hasta ahora, toma como base el artículo 14 del real decreto-ley 7/20, de 12 de marzo, relativo a medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

La disposición afecta a todos aquellos tributos cedidos a la comunidad autónoma de Baleares. Es decir, incluye el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y la Tasa Fiscal del Juego, pero también aquellos tributos locales procedentes de autoliquidaciones.

Las condiciones impuestas por la ATIB para que la medida sea efectiva incluyen que se trate de deudas en período voluntario por autoliquidaciones o declaraciones de liquidaciones, cuyos plazos de presentación e ingreso abarquen inclusives el período del 13 de marzo al 30 de mayo. Asimismo detalla que será válido para deudas con importes de hasta 30.000 euros.

Estipula igualmente que su abono podrá realizarse en el plazo de 6 meses, pero únicamente no devengaría intereses de demora en los tres primeros meses del semestre.

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