CeJuego recuerda que la nueva norma "es una medida efectista, pero no efectiva" y que resulta incierto asegurar que "la ludopatía aumenta porque su ratio permanece estable, al mismo nivel del resto de España, uno de los cinco países con menores niveles de 'juego problemático'.

CeJuego emitió un comunicado a primera hora de la tarde de ayer en el cual reconocía en este nuevo texto legal "un duro golpe para la economía y para el empleo de los sectores del Juego y de Hostelería en un contexto de crisis sanitaria y económica por el Covid-19".

La entidad atribuye al texto "dudas jurídicas y nula seguridad jurídica a empresas y trabajadores". De ahí que adelante acciones para recurrir ante diferentes instancias. En este sentido lamentan que las medidas de distancias incluidas lo fueron por enmiendas formuladas por el Botànic, que carecieron de informes o estudios sobre el impacto económico y laboral. "Las repercusiones por la adopción de estas medidas fueron transmitidas por el sector, incluyendo estudios del Colegio Oficial de Ingenieros de Valencia que demostraba que se estaba ante el cierre encubierto de un sector legal".

Alejandro Landaluce estima "incomprensible que el Gobierno de la Generalitat Valenciana no esté del lado de los trabajadores que sufren los estragos de la crisis agravada con los efectos de esta nueva ley. En la anterior crisis económica de 2008 el Juego Privado vivió los estragos de la ralentización económica hasta perder 11.199 empleos en España". CeJuego recalca que la nueva ley cuestiona los 32'9 millones de euros en cotizaciones sociales y 140 millones de euros por fiscalidad directa aportados anualmente por el sector del Juego Privado, además de la pérdida de 3.000 empleos directos y 8.000 indirectos en Hostelería.

R. Franco
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