Los dos colectivos presentaron ayer recurso contencioso-administrativo solicitando medidas cautelarísimas respecto de los apartados 9 y 10, que son los relativos a establecimientos de hostelería y locales de juego afectados por la Resolución 2546/20, de 15 de octubre, publicada en el DOGC del 16 de octubre, pero que no fueron evaluados en el Auto del TSJC.

Los apartados 9 y 10 suspenden la apertura de locales de juego (salones, bingos y casinos) y los establecimientos de hostelería y restauración en todo el territorio de Catalunya, pero en el Auto de ayer no fueron objeto de autorización por el TSJC. De ahí que sector del Juego y de la Hostelería pidan al unísono la suspensión cautelar inmediata por atentar a los derechos constitucionales de libertad de empresa (artículo 38) y derecho al trabajo (artículo 35); "dos derechos de los cuales no pueden desentenderse ni el poder ejecutivo, ni el judicial" y que las sentencias del Tribunal Constitucional acumulan bastante jurisprudencia.

En las alegaciones que traslada el recurso se apela a "evitar los devastadores efectos que para la pervivencia de buena parte del sector hostelero y de restauración, sector del juego y otros sectores económicos esenciales en todo el territorio catalán" (...) "Son medidas que anulan indisimuladamente la libertad de empresa y el derecho al trabajo de los titulares (mayoritariamente autónomos y pequeños empresarios. También afectan al libre desarrollo de la personalidad y libertad de reunión (artículos 10 y 21 de la Constitución).

Recuerda el recurso que "no se ha tomado en consideración discriminar entre zonas el grado de repercusión de la enfermedad y desprecia medidas menos drásticas, pero eficaces como el control de aforo o distancias y medidas higiénicas". Estima discriminatorio vetar a los salones y, en cambio, autorizar a los teatros, y "carente de fundamento científico riguroso".

Desde el punto de vista procedimental estima que "se priva a los ciudadanos de Catalunya de la tutela judicial preventiva que supone la previa ratificación judicial que limite la desmedida discrecionalidad administrativa incursa en la arbitrariedad", que además toma en consideración que la suspensión puede ser en muchos casos definitiva e irreversible para trabajadores y empresarios.

El pliego de alegaciones también señala que la Generalitat ha intentado eludir el control previsto que obliga al conocimiento por las salas de los Contencioso Administrativo de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria.

R. Franco
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