La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC señala que la solicitud presentada por la Generalitat se ciñe exclusivamente a los tres apartados que evalúa en su fallo.

El abogado de la Generalitat presentó solicitud de autorización urgente al amparo del artículo 10.8 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de las medidas de las autoridades sanitarias que adopta acciones en materia de salud pública para la contención de la Covid-19 en Catalunya, y que contó con informe favorable del Ministerio Fiscal.

La Sala Tercera precisa que la petición de autorización y ratificación de la Generalitat obedece a una legislación de ámbito distinto a la estatal que esta Administración estima "urgentes y necesarias para la salud pública". Igualmente llama la atención al hecho que el procedimiento iniciado por la Generalitat "sólo cuenta con una solicitud y una documentación de la Administración solicitante y con un informe del Ministerio Fiscal". Ambas consideraciones son relevantes desde el punto de vista procesal "porque el alcance del enjuiciamiento no puede ser el mismo que el de un proceso contencioso-administrativo, ordinario o especial de derechos fundamentales", señala.

La Sala resalta que la cuestión de fondo incide en las libertades y derechos fundamentales y, más adelante, como consecuencia de esta circunstancia advierte a la Generalitat que "ésta debe concretar con la pormenorización necesaria los concretos y puntuales preceptos a que se hace referencia para su autorización o ratificación argumentando debidamente lo que interese y proceda". Estima que "no pueden bastar la mera formulación de indicaciones genéricas o que sea el tribunal el que tenga que identificar y señalar la posible incidencia de otros no concretados", tal como presumía la petición de la Generalitat.

El Tribunal señala no estar ante ningún estado de alarma, ni tampoco en el ámbito de influencia del artículo 65 de la ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud sobre actuaciones coordinadas en salud pública y seguridad alimentaria, ni tampoco respecto de la Resolución de 30 de septiembre de 2020 de la Secretaría de Estado de Sanidad. En cambio, sí toma en consideración los cuatro primeros artículos de la ley Orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de Salud Pública; el artículo 26 de la ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; el artículo 3 de la ley Orgánica 7/1980, de libertad religiosa; el decreto-ley 27/2020 de 13 de julio que modificó la ley 18/09 de salud pública y adopción de medidas urgentes frente al Covid-19; y la sentencia del Constitucional de 22 de mayo de 2019 que refirió que toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas tiene que responder a un fin constitucionalmente legítimo o encaminarse a la protección o salvaguarda de un bien constitucionalmente relevante".

R. Franco
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