La modificación de la ley que regula el Contencioso-Administrativo, a juicio del Gobierno español, permitirá adoptar medidas que supongan una restricción de derechos o libertades fundamentales capacitando a las Comunidades Autónomas la interposición de recursos de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo y que éste resuelva en cinco días hábiles.

Maniobra que busca unificar doctrina y dar garantías a las comunidades sobre las medidas a tomar cuando decaiga el 'estado de alarma' este domingo próximo. De hecho, la vicepresidenta Primera, Carmen Calvo, la definió ayer como una "innovación jurisdiccional" para dotar a Comunidades y Ciudades Autónomas paraguas de protección en la nueva fase. "Si hay una discrepancia que sea el Tribunal Supremo el que unifique y decida por todos y para todos".

El real decreto-ley modifica la ley que regula el contencioso-administrativo para que sea el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra y los Gobiernos autonómicos puedan sortear una decisión contraria del respectivo TSJ autonómico. Hasta ahora los Gobiernos autonómicos podían recurrir al Supremo sólo en el caso que intervinieran como autoridades delegadas del Ejecutivo central como ocurre durante la vigencia del 'estado de alarma'.

Calvo admitió ayer que el 'toque de queda' generalizado actual sólo podría seguir rigiendo mediante la fórmula del 'estado de alarma'. El real decreto-ley implementa la capacidad para un determinado territorio cuando su Gobierno lo justifique debidamente.

Según la Vicepresidenta Primera, "no es preciso reforzar con más efectivos la Sala Tercera del Tribunal Supremo", además de señalar que el Tribunal ya era conocedor de la aprobación del real decreto-ley.

 

R. Franco
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