El Ministerio de Consumo informa a las Comunidades Autónomas los dos proyectos en tramitación: el Real Decreto de 'entornos de juego más seguro' y la Orden que determinará las bases de las subvenciones 'para el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la prevención de los trastornos del juego'.

Será el Pleno del Consejo de Políticas del Juego (CPsJ) el que apruebe en última instancia el acuerdo alcanzado ayer en pos de "una cooperación más estrecha entre los Registros de Interdicción" durante la reunión virtual entre Comunidades Autónomas y representantes de la Administración central encabezada por el secretario General de Consumo y Juego.

El documento que se eleva es el que adjuntamos en la presente información. Parte de la premisa que las inscripciones de personas en los Registros Autonómicos de Interdicciones de Acceso al Juego que sean remitidas por las Comunidades pasarán a formar parte del Registro General de alcance estatal fundamentada en el Convenio de Colaboración que se suscriba. Esa inscripción en el Registro General Autonómico supondrá la prohibición de la participación en las actividades de juego de ámbito estatal.

Si existe entre DGOJ y Comunidad Autónoma un Convenio de Colaboración, toda inscripción o cancelación cobrará vigencia bilateralmente (en ambos sentidos). Las Comunidades que opten por incorporar los inscritos en el Registro General de Interdicciones (RGIAJ) a sus registros autonómicos deben arbitrar algún modelo de control que permita la verificación adecuada del origen de la inscripción en el Registro Autonómico.

Las comunidades de Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Ceuta, Galicia, Cantabria, Madrid y País Vasco avanzaron las iniciativas normativas en marcha en sus respectivas jurisdicciones unidos por el denominador común del "refuerzo de las políticas de juego responsable". Igualmente Andalucía aportó la implantación del Proyecto FES y Asturias con la iniciativa que despliega desde hace varios años en los institutos del Principado.