Asombro y perplejidad, primeras reacciones al proyecto de real decreto cuya fase de alegaciones concluye el próximo 9 de agosto.

En la edición de ayer nos hicimos eco de algunas de las aportaciones que conlleva el proyecto de real decreto, incluida la derogación por entero del Título II del real decreto de Comunicaciones Comerciales aprobado en noviembre de 2020. Es decir, un texto de la relevancia al punto que muchos de sus puntos todavía no han sido siquiera implementados, ya avanzan en el Ministerio que se ha quedado antiguo.

El elemento vertebrador que preside el proyecto de real decreto de Entornos de Juego Más Seguros es fundamentalmente la discrecionalidad administrativa, algo que precisamente no liga con la seguridad jurídica que debiera ser el principio rector de todo corpus normativo y que justamente habían situado a la normativa española vertebrada a partir de mayo de 2011 como referencia internacional.

Harían bien las Comunidades Autónomas en profundizar en las consideraciones incluidas en el proyecto de real decreto por la eventual colisión con las competencias que sobre la materia Juego tienen en su haber. Una valoración que debería superar definitivamente ese aparente tutelaje que desde la llegada de Alberto Garzón en la toma de competencias en el Ministerio de Consumo parece haber consagrado en buena parte de las mismas.

La proximidad de la fecha del 9 de agosto para la presentación de alegaciones obliga a un trabajo muy serio desde el punto de vista de operadores y proveedores, al margen de la componente patronal.