Apenas quince días después de regir la modificación de varios artículos de la ley estatal del Juego vehiculados a través de la ley 11/2021, de 9 de julio, que afectan a los titulares de licencias generales, otorga mayores funciones a la DGOJ y de una mayor colaboración en la lucha contra el fraude, el Ministerio de Consumo impulsa nuevas reformas en el texto.

Paralelamente al real decreto de Entornos de Juego Más Seguros, sometido a exposición pública hasta el 9 de agosto, el Ministerio de Consumo ha emprendido una nueva reforma de la vigente ley del Juego a partir de una consulta pública cuyo margen para presentar consideraciones vía Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. concluye un día después, el 10 de agosto.

Más allá del propósito de reformar una ley, lo sorprendente es que la iniciativa se produce apenas dos semanas después de regir más de quince modificaciones en la misma ley estatal, incorporadas en la ley de elusión y medidas de prevención contra el fraude fiscal 11/2021, de 9 de julio. Y máxime cuando en esa misma reforma ya se habían acometido diversidad de modificaciones que otorgan más atribuciones a la DGOJ para el combate al fraude y en aquellas otras relacionadas con la Inspección y Control; mayores requisitos a los titulares de licencias generales Punto Es; cambios en el régimen sancionador, y; obligación al operador de elaborar un Manual con procedimientos y medidas contra el fraude motu propio.

El anteproyecto de modificación de la ley estatal sometido a consulta pública señala "un refuerzo de funciones de la DGOJ sobre protección de los participantes en riesgo ante actividades de juego, y colaboración en la lucha contra el fraude y manipulación de las competiciones deportivas".

El documento que adjuntamos persigue conferir más funciones a la DGOJ en la colaboración con otras autoridades en la lucha contra el fraude y la manipulación de eventos deportivos, quiere una referencia expresa al instrumento técnico en que los diferentes actores interesados comparten información, y una actualización de la norma reguladora de la Unidad Central de Juegos para el adecuado desempeño de las funciones de autoridad reguladora para reforzar y racionalizar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCCO) de los participantes en los juegos respecto de los operadores y en coherencia a la normativa de Protección de Datos.