Según adelantó ayer el rotativo El Economista, "las fuertes exigencias impuestas y la excesiva burocracia que ha entrañado todo el procedimiento" han generado una dificultad que ha dejado a miles de empresas fuera de su alcance, pese a hallarse muchas de ellas en situación crítica.

Tal como recuerda el medio, el Gobierno ha introducido una disposición adicional en el proyecto de ley de Presupuestos que permite ampliar el plazo seis meses adicionales respecto del 31 de diciembre de 2021, que era la fecha máxima prevista, y que permite tramitar expedientes pendientes de tramitación. Cuando se supere esa fecha, el dinero no ejecutado ingresará en el Tesoro.

Es el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, quien acusa con rotundidad de "las altas exigencias y los trámites farragosos", de los cuales únicamente se habrían salvado Baleares y Canarias, donde los condicionantes han sido inferiores.

Recuerda que las empresas que tuvieron pérdidas en 2019 no han podido acceder a esta ayuda, lo mismo que las que no estuvieran al corriente en las cuotas de la Seguridad Social o pago de impuestos, o bien que no pudieron justificar pérdidas suficientes en un trimestre, al margen que también se pedía no alcanzar un descenso de la facturación del 30% en 2020 respecto del año precedente.

Desde Hostelería de España siempre advirtieron que los criterios impuestos imposibilitaban el acceso a ayudas.