Esta nueva decisión relevante del Constitucional precisa que “el Poder Judicial no es cogobernante porque de lo contrario constituiría una quiebra del principio de separación de poderes”.

El Gobierno español otorgó a los respectivos Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) el aval judicial a las restricciones sanitarias aprobadas por las Comunidades tras el fin del ‘estado de alarma’ por la Covid19. “La potestad reglamentaria corresponde al Ejecutivo”, sentencia.

La cuestión fallada procedía de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Aragón respecto del artículo 10.8 de la ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de la ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la Covid19 en la Administración de Justicia.

El Artículo atribuía a los TSJ la competencia para rechazar o dar la autorización judicial a las restricciones sanitarias adoptadas por los Gobiernos autonómicos e incluso locales “por considerarlas urgentes y necesarias para la protección de la salud pública y que implicasen limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estuvieran identificados individualmente.

El TC estima que el legislador optaba por que todas las medidas sanitarias generales que pudieran significar una injerencia en un derecho fundamental contaran con la intervención de la voluntad de dos poderes para su entrada en vigor: Ejecutivo y Judicial.

Recalca el TC que la potestad reglamentaria es atribuida por la Constitución al Poder Ejecutivo de forma exclusiva y excluyente por lo que no cabe que le legislador la convierta en una potestad compartida con el Poder Judicial. “El Poder Judicial no es cogobernante o copartícipe del ejercicio de la potestad reglamentaria”.

El varapalo del TYC va más allá porque entiende que “quiebra los principios constitucionales de publicidad de las normas y de seguridad jurídica porque las resoluciones judiciales que autorizan las disposiciones generales en materia sanitaria no son publicadas en el diario oficial correspondiente, lo que dificulta el conocimiento por los destinatarios de las medidas restrictivas o limitativas de derechos fundamentales a las que quedan sujetos”.

El TC declara nulo el artículo 10.8, pero “por conexión” hace lo propio con el artículo 11.1.i) de la ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa que atribuye a la Audiencia Nacional la autorización judicial de las disposiciones generales urgentes para la protección de la salud pública que implican privación o restricción de derechos fundamentales aprobadas por la autoridad sanitaria estatal.

BANNER-BLANC
BANNER-BLANC
BANNER-BLANC
BANNER-BLANC
BANNER-BLANC
BANNER-BLANC

Mitos y Realidades del Juego

En torno a la oferta de juego regulada en España han surgido una serie de afirmaciones no ajustadas a la realidad. A través de noticias que aparecerán sucesivamente en este espacio, confrontaremos ciertos mitos que han consolidado principalmente en los medios de comunicación generalistas.

Público o Privado: la esencia del juego no varía, es la misma

¿Acaso el sector del Juego en España es una 'jungla'? Desde 1977 está sometido a una extensa y altísima regulación autonómica y estatal

Jugar forma parte del ocio y del entretenimiento de los españoles en el ejercicio de su libertad y responsabilidad individuales

El consumo de juego real en España, un 50% por debajo de los niveles de 2019

¿Es cierto que hay demasiada publicidad del juego, cuya finalidad es atraer dinero fácil?

Los establecimientos de juego siempre han buscado las zonas urbanas más comerciales y con mayor densidad de población

¿Acaso una empresa autorizada sujeta a multitud de requisitos administrativos, fiscales y normativos puede estar interesada en menores que se cuelan en el local?

Que los establecimientos de juego tengan fachadas opacas y vidrieras oscuras es un criterio normativo impuesto por la Administración

El sector del juego de entretenimiento privado defiende el criterio de distancia entre salones y otros locales de juego cuando se respeta la seguridad jurídica de las empresas

La práctica del juego legal en España es una actividad ejercida por la ciudadanía en el uso de su responsabilidad y libertad individual

España, entre los cuatro países del mundo occidental con un menor indicador de juego problemático

BANNER-BLANC
BANNER-BLANC

Buscar

Área Privada de Clientes

Área Privada de Suscriptores de la revista Joc Privat.