Más allá de la flagrante vulneración del artículo 7.2 de la ley del Juego de la Comunidad de Madrid que trasciende el caso, el terminal pone sobre la mesa un asunto que cada Comunidad Autónoma tiene que despejar en su respectivo ámbito de influencia desde la valentía política.

Hay dos reformas legislativas autonómicas del Juego en marcha: Castilla y León y Aragón. En ambas los responsables políticos del respectivo Ejecutivo autonómico ya se han aprestado a avanzar de puertas adentro barra libre para que los productos de SELAE y ONCE puedan ser autorizables en la Hostelería en una decisión que aparenta no tener vuelta atrás. Responde a una decisión política, que en el caso de Aragón en particular se justifica en 'petit comité' sin remilgo alguno en que la idea "procede directamente de Ferraz" por lo que el grupo parlamentario socialista en Las Cortes de Aragón no sólo no contrariará esta decisión, sino que la auspiciará en el debate. Se trata de proporcionar más oxígeno a SELAE y ONCE con el fin de potenciar sus respectivos canales de venta de juegos.

Comunidad de Madrid también tiene entre manos una reforma puntual de la vigente ley del Juego, cuya resolución puede ser un hecho a caballo de los meses de septiembre y octubre, o bien avanzado octubre próximo. El grupo parlamentario socialista ha presentado una serie de enmiendas en el proceso de tramitación, entre las cuales figura justamente 'facilitar' la expansión de los juegos de la ONCE y SELAE en espacios hasta ahora vedados como es la atractiva Hostelería, vulnerando la acción de la empresa privada que anualmente contribuye holgadamente al erario autonómico, además de generar empleos, una oferta recreativa de baja intensidad y un arraigo en el flujo económico del entorno más cercano.

Las asociaciones empresariales de la Máquina B en Hostelería en la Comunidad de Madrid se han movido en las últimas semanas intensamente en razón de la enmienda socialista. Desde la Presidencia de la patronal CEIM ya se ha transmitido preocupación e implicación sobre la cuestión. El consejero de Presidencia, Enrique López, tiene sobre su mesa una carta de CEIM en la que recuerda la labor y la contribución de las empresas operadoras madrileñas.

La valentía y el coraje que ha evidenciado la Comunidad ante determinadas decisiones políticas controvertidas tiene ante sí una nueva piedra de toque: la defensa de las empresas operadoras madrileñas frente a la intención del Juego Público de acaparar un monopolio en la oferta.

No es una cuestión baladí y el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid debiera aplicarse en el empeño.