Insta a la DGOJ a “una evaluación continua” de los límites de depósito por jugador a todos los operadores en el análisis del proyecto de real decreto que regula las licencias, autorizaciones y registros del juego, y en concreto en la imposición de límites de depósito conjunto por jugador.

Avala su ajuste a los principios de buena regulación y a “basarse en una razón imperiosa de interés general: la salud de los consumidores”. Pero estipula dos grandes advertencias:

• Los jugadores pueden sentirse menos motivados a cambiar de proveedor de juegos, fruto de la menor utilidad que le generará disponer de varias cuentas.
• Estima que la medida puede favorecer una mayor concentración de operadores de juego con la consiguiente afectación a operadores con una menor base de jugadores, que coincide con perfiles pymes que podrían ver peligrar su modelo de negocio.

El rol de la CNMC en aspectos relacionados con iniciativas de Juego se ha caracterizado tradicionalmente por fijar un diagnóstico que en general no resulta nunca taxativo. Recordemos su crítica a la singular regulación de la ONCE a través del Consejo del Protectorado, que formuló cuasi de rondón en otra iniciativa normativa.