Y finalmente la DGOJ comunicó a la sociedad la preocupación y los trabajos que en el ámbito de la suplantación de identidades se están impulsandoy que ha correspondido a David Calvete el rol de promover la interactuación entre Administración, operadores, Policía Nacional y sociedad en general, y revelar qué se está haciendo para afrontar un asunto de gran sensibilidad social, a través de dos importantes cargos de la DGOJ: Alberto Navarro y Guillermo Carrascal.
Alberto Navarro situó en 2017 el primer caso de suplantación de identidad detectado por la DGOJ: la venta de identidades vía red de jugadores en Twitter. “A finales de ese mismo año descubrimos la venta de identidades por Whatsupp y Telegram” (…) “En 2018 el servicio de verificación del jugador que vincula con los operadores interactuó con el Registro de Defunciones. Desde ese instante el cruce de listado de jugadores permitió descubrir que más de 20.000 difuntos eran jugadores activos y que 5.000 de esos difuntos ya estaban jugando en 2018. Este factor nos hizo saltar todas las alarmas”, recalca Navarro.
La implantación efectiva del Protocolo PACs fue en 2024. “La DGOJ recibe la información facilitada por los operadores de juego, nos facilita trazabilidad y esa información la DGOJ la traslada a la AEAT”. Pero Navarro resalta que “en 2020/21 comenzamos a apreciar un notable incremento de notificaciones de la AEAT procedentes del juego. También en 2020/21 la DGOJ emprendió una colaboración con Policía Nacional y AEAT con el fin de anticiparnos. Comenzamos a facilitar los datos tributarios de juego a la AEAT ya en el mes de febrero de cada uno de los años, a diferencia de lo que sucedía hasta entonces cuando los entregábamos en junio/julio/agosto” (…) “Los esfuerzos de mejora se plasman en el hecho que la AEAT incorpora los datos en el borrador del contribuyente y también dónde debe acudir, caso de no estar de acuerdo. Asimismo es creada una página web ad hoc para ciudadanos con el fin de abordar la suplantación de identidad y sus consecuencias tributarias. Y paralelamente la DGOJ impulsa ‘phishing alert’ en aras de prevención”.
No obstante, Alberto Navarro enfatiza que PACs “es una medida paliativa, pero ¿cuánto cuesta? Su implantación supone un coste social para el ciudadano”.
“¿Qué hemos aprendido del fenómeno de la suplantación?”, se interroga el funcionario de la DGOJ. “En 2024 más de 7.700 personas iniciaron el Protocolo PACs, de los cuales un 53% de ellos pidió certificado al operador. Sobre los 7.700, 7.400 correspondieron a aquella campaña de Renta y unos 300 lo fueron de ejercicios anteriores” (…) “No puede negarse el hecho que pueden darse casos de suplantaciones consentidas”, precisó. (…) “En 2025 (entre marzo y mayo) la cifra ha ascendido a 8.500. El problema, lejos de estabilizarse, crece. La previsión es que iremos a más”.
Y para finalizar un interesante apunte sobre el perfil de los suplantados en casos de juego. “El jugador es en un 83% varón, mientras el 27% mujeres. En el caso de las personas suplantadas el 50% son mujeres y los rangos de edad de 46 a 65 años”.